Lo que al inicio parecía un simple caso de extorsión contra un dentista de El Tambo ahora muestra una historia mucho más complicada. La Fiscalía no solo investiga a un grupo acusado de amenazas y cobros ilegales en Huancayo, sino también una posible red de lavado de dinero relacionada con préstamos informales, grandes cantidades de efectivo y un estilo de vida lleno de lujos conectado al VRAEM. Además, las sospechas también alcanzan a los policías que hicieron la captura, porque parte del dinero y una de las pruebas clave del caso, el celular del principal investigado, habrían desaparecido o sido manipulados.
Durante la audiencia de prisión preventiva, la fiscalía pidió cárcel para los siete acusados de extorsión, pero también anunció que se han abierto dos nuevas líneas de investigación.
¿Qué pasó con el celular?
El 6 de mayo de 2026, Jhon Edgar Cuyutupa Moscoso, de 33 años, conocido como ‘Jhon Picharo’, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, por orden judicial por presunta extorsión.
Según la Fiscalía, los agentes no registraron todas las pertenencias que llevaba consigo. Cuyutupa aseguró que tenía alrededor de mil soles, mil euros, medicamentos, su pasaporte, un cargador, un celular con línea Entel, ropa, otra bolsa de viaje y cuatro juguetes para sus hijos.
También dijo que firmó las actas sin leerla completa porque los policías le indicaron que sus cosas serían entregadas luego a sus familiares o a su abogado en Huancayo. Hasta hoy no se sabe dónde terminaron algunos objetos.
Para la Fiscalía, esto podría significar que hubo una desaparición irregular de bienes que estaban bajo custodia policial.
Sin embargo, el punto más delicado es el celular incautado. En el acta policial figura un número IMEI específico del iPhone 14 decomisado, pero el perito informático informó que el equipo enviado para análisis tiene otro IMEI y además ni siquiera enciende.
Eso hace sospechar que el teléfono pudo haber sido cambiado o manipulado. El problema es grave porque ese celular era una de las principales pruebas de la investigación y ahora prácticamente no puede utilizarse.
Además, la Fiscalía detectó posibles irregularidades en la cadena de custodia y en las firmas colocadas en el embalaje de la evidencia. Todo esto podría afectar seriamente la validez de las pruebas.
Ahora, la Fiscalía pide investigar a cuatro policías de la unidad de Crimen Organizado de Lima que participaron en la captura, se trata de los suboficiales S2 PNP Robinson Jordan Mendoza Ponce, S3 PNP Ronald Rusbel Bustamante Ipanque, S3 PNP Edwin Jersson Carretero Leal y S3 PNP Lesli Jennifer Mamani Cueva.
Los delitos que se les atribuyen incluyen presunto peculado, encubrimiento, falsedad ideológica, desaparición de documentos y abuso de autoridad.
La cooperativa en la mira
La Fiscalía sostiene que Cuyutupa Moscoso no solo lideraba la presunta extorsión. También era gerente de la ‘Cooperativa Avanzando SRL’, una entidad que, según las investigaciones, prestaba dinero a comerciantes de Chupaca, El Tambo, Chilca y San Jerónimo sin autorización de la SBS y sin registrar trabajadores ante Sunafil.
Durante el allanamiento, las autoridades encontraron en la vivienda de ‘Pichari’ más de 127 mil soles en efectivo, municiones, granadas lacrimógenas y el mismo inmueble valorizado en una alta suma de dinero, en El Tambo.
También hallaron nueve motocicletas registradas a nombre de la cooperativa y documentos de préstamos firmados en blanco, sin montos definidos. Para la Fiscalía, esos papeles podrían haberse usado para presionar a deudores y justificar dinero de origen ilegal.
Las investigaciones también apuntan al estilo de vida que Cuyutupa mostraba en redes sociales. En TikTok aparecía rodeado de camionetas, avionetas y fajos de dinero. Además, publicaba imágenes en zonas del Vraem relacionadas con el narcotráfico y mostraba constantes viajes a Europa. Solo este año habría viajado cinco veces a España. Incluso participaba en carreras de autos promocionando su cooperativa.
Con todos esos elementos, la Fiscalía busca abrir una investigación paralela por lavado de activos en la unidad competente.
Cómo habría operado la extorsión
Entre los investigados figuran también Vicente Alexander Pariona Medina, Jackeline Mariana Adriano Veliz, Noris Alcida Pérez Torres, Antoni Clinton Vilcapoma Porta, Adriana Sofía Zacarias Villanes y Paulo Cesar Zacarias Villanes.
Según la Fiscalía, Jackeline Adriano tuvo un papel importante porque trabajó como ayudante y practicante en el consultorio del dentista entre 2022 y 2024. Gracias a eso conocía sus rutinas y su situación económica.
La hipótesis fiscal es que ella, que se encuentra hospitalizada, compartió esa información con su entonces pareja, Jhon Cuyutupa, para organizar la extorsión.
Los hechos ocurrieron de la siguiente manera:
El 26 de febrero de 2026, dos personas dañaron el vehículo del hijo del dentista y dejaron una nota amenazante que decía: “Esto es por meterte antes con Mariana. La próxima será tu negocio de parte de Jhon”.
Esa misma noche se activó un chip telefónico en un celular vinculado a una de las investigadas.
Al día siguiente, el dentista comenzó a recibir mensajes de Whatsapp desde un número con el perfil “TU PEOR PESADILLA” y la imagen de una pistola. Le enviaron fotos de su consultorio y del vehículo de su hijo, asegurando que lo vigilaban y que conocían todos sus movimientos.
El 19 de marzo volvieron a escribirle. Esta vez le mandaron una foto de su casa y amenazas con quemar su vehículo. Luego pidieron dinero “para el almuerzo” mediante un Yape vinculado a Noris Pérez. El dentista finalmente depositó 50 soles.
La investigación sostiene que Adriana Zacarias habría proporcionado el celular usado para las amenazas, Antoni Vilcapoma facilitó la línea telefónica y Paulo Zacarias manejaba la cuenta Yape donde se recibían los depósitos. Además se corrobora que ‘Pichari’ acude a la clínica de la víctima para amenazarlo y exigir el pago de 10 mil soles.
Un caso que a medidas que indagas, parece salir nuevos aristas y dudas.
Hasta ahora, el juez del 4° Juzgado de Investigación Preparatoria todavía no decide si dictará prisión preventiva para los investigados. La audiencia continuará este jueves 14 de mayo.
