Las familias de los comuneros desaparecidos en el Caso Paccha exigieron al Ministerio Público la restitución de los restos óseos ya identificados de ocho de las diez víctimas desaparecidas durante el conflicto armado interno en 1992, en la comunidad de Paccha, en el distrito de El Tambo, en Huancayo.
La Asociación de Familiares Desaparecidos del Caso Paccha le pidió a la Fiscalía Penal Supraprovincial Transitoria Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín que realice la ceremonia de restitución de los restos para que puedan darles cristiana sepultura después de más de tres décadas de espera.
En el documento, fechado el 12 de abril de 2026, los familiares recuerdan que los comuneros desaparecieron hace 34 años y cuestionan la demora en la restitución pese a que los análisis forenses identificaron 8 de los restos hace un año, en mayo del 2025.
Las familias también alertaron sobre el deterioro de salud de varios deudos que participaron durante décadas en la búsqueda de las víctimas.
“Tenemos familiares en avanzada edad que se encuentran mal de salud”, advierte el documento presentado ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Junín.
El Caso Paccha se refiere a la desaparición de diez comuneros ocurrida en febrero de 1992. Según investigaciones fiscales, reportes de organismos de derechos humanos y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), integrantes de rondas campesinas y comités de autodefensa de la zona de Rangra detuvieron a las víctimas y luego las trasladaron hacia el distrito de Ingenio, donde asesinaron y ocultaron sus cuerpos en una falla geológica de difícil acceso.
Equipos forenses recuperaron los restos en el 2022 y 2023 en el sector Pachachime, anexo de Siusa, distrito de Ingenio. Posteriormente, especialistas realizaron análisis antropológicos y pruebas de ADN que permitieron identificar plenamente a ocho de las diez víctimas.
Las investigaciones también revelaron que en la misma fosa aparecieron restos de otras personas, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre posibles entierros clandestinos vinculados a la violencia política en la sierra central, y a este nuevo hallazgo, el Ministerio Público le llamó Caso Paccha II, cuya investigación continúa.
El caso constituye uno de los episodios más graves de desaparición forzada registrados en Junín durante el conflicto armado interno y forma parte de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos impulsadas por familiares y organizaciones de memoria y justicia.
