Los ocho militares investigados por la muerte de cinco jóvenes en Colcabamba podrían pedir que su caso pase al fuero militar si el proyecto aprobado en primera votación por el Congreso se convierte en ley. Esa es la principal advertencia de la congresista Susel Paredes, quien considera que la iniciativa podría terminar favoreciendo la impunidad en procesos por delitos comunes.
El proyecto, impulsado por el fujimorista Fernando Rospigliosi, modifica el fuero militar-policial y fue aprobado con 60 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, gracias al respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso. Sin embargo, aún debe superar una segunda votación antes de pasar al Poder Ejecutivo.
Para Paredes, el problema no es solo el cambio de competencia judicial, sino sus posibles efectos en casos como el de Colcabamba. Durante una entrevista con el pódcast de César Hildebrandt, calificó la propuesta como “el vestido jurídico para que puedan protegerse entre sí”.
“Nos engañan con esas grandes penas”
Uno de los puntos que cuestionó es que la iniciativa contempla sanciones severas, incluso cadena perpetua, para militares o policías que colaboren con organizaciones criminales. En su opinión, esa dureza es solo aparente.
“Nos engañan con esas grandes penas cuando sabemos que si va al fuero militar no se la van a aplicar”, afirmó.
Delito de función o delito común
La legisladora sostuvo que la propuesta confunde los delitos de función con los delitos comunes. Explicó que una conducta como la deserción sí corresponde a la justicia militar porque está vinculada al servicio, pero hechos como vender armas a una organización criminal o cometer un homicidio deben ser juzgados por la justicia ordinaria.
“¿Qué tiene eso de delito de función? Nada. Eso es un delito común”, señaló
El caso Colcabamba
Paredes utilizó como ejemplo la masacre ocurrida el 25 de abril en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica), donde una patrulla militar disparó contra una camioneta en la que viajaban ocho jóvenes. El ataque dejó cinco fallecidos, dos heridos de gravedad y un sobreviviente.
Recordó que, según la Fiscalía, no existió intercambio de disparos y que una de las víctimas recibió 51 impactos de bala.
“¿Qué quiere decir eso? Que ellos fueron a matar”, sostuvo.
Para la congresista, esos hechos no constituyen un delito de función, sino un presunto homicidio agravado que debe ser visto por la justicia común.
La irretroactividad
La principal preocupación de Paredes es que, si la norma entra en vigencia, los militares investigados puedan invocar el principio de aplicación de la ley penal más favorable para solicitar que su proceso pase al fuero militar.
“La ley es irretroactiva, salvo cuando favorece al reo”, explicó.
Por ello, considera que el proyecto podría conducir a un escenario de impunidad “igual que en los 90”, una época que recordó por los cuestionamientos a la falta de sanción en casos que involucraban a miembros de las Fuerzas Armadas.
Lo que viene
El proyecto deberá ser sometido a una segunda votación durante la legislatura ampliada hasta el 24 de junio. Si vuelve a ser aprobado, pasará al Poder Ejecutivo para su eventual observación o promulgación.
Mientras tanto, las familias de las víctimas de Colcabamba esperan la audiencia de prisión preventiva contra los militares investigados, prevista para este viernes 19 en Pampas, Tayacaja.
