Hace seis meses, exactamente el 18 de diciembre de 2025, la Fiscalía concluyó la investigación preparatoria contra tres mandos policiales por las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Pichanaqui. Sin embargo, el caso aún no cuenta con una acusación formal y no puede avanzar hacia la etapa previa al juicio oral.
Con la disposición N.° 62, el fiscal del caso, José Luis Nolasco Zavala, dio por concluida la investigación preparatoria contra el general PNP (r) Martín Villalón Trillo, el coronel César Chávez Navarro y el comandante Jonny Vargas Ontón, por presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves en agravio de ciudadanos que participaron en las protestas de diciembre de 2022 en Pichanaqui.
Tras cerrar la investigación, el Ministerio Público debía evaluar si existían elementos suficientes para presentar una acusación penal o solicitar el sobreseimiento del caso. Seis meses después, no hay decisión alguna.
El cuello de botella
Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) que representa a familiares de las víctimas, explicó que el caso todavía atraviesa actuaciones procesales pendientes antes de ingresar a la etapa de control de acusación.
“El Poder Judicial está saneando diligencias pendientes, entre ellas la incorporación de familiares como actores civiles. Recién después podremos entrar a la etapa de control de acusación y evaluar el pase a juicio oral”, señaló a Huanca York Times.
El letrado precisó que la conclusión de la investigación no implica que la acusación se presente de inmediato. Según indicó, ese trámite suele demandar varios meses y depende tanto de la labor fiscal como de la carga procesal de los juzgados.
El abogado sostiene que el proceso no avanza porque el juzgado aún no resuelve la incorporación de los familiares de las víctimas como actores civiles. Por lo pronto, el Ministerio del Interior ya figura en el proceso como tercero civil responsable.
Falta especialización
Quispe afirmó que situaciones similares ocurren en los procesos por las muertes durante las protestas en Cusco, Ayacucho y Puno, donde las investigaciones preparatorias también concluyeron, pero los expedientes aún no ingresan a las siguientes etapas procesales.
Según explicó, los casos se encuentran en juzgados de investigación preparatoria de Lima que no cuentan con especialización en derechos humanos y además afrontan una elevada carga procesal.
