Revés para la Fiscalía: en audiencia juez descarta delitos más graves en el caso ‘Los Tecnológicos’

El juez concluyó que la Fiscalía no logró sustentar los cargos de organización criminal y lavado de activos, por lo que el caso seguirá solo por banda criminal y receptación agravada. La decisión reduce el alcance de un proceso que había generado gran expectativa.
El juez Guadalupe Ulloa concluyó que la Fiscalía, dirigida por Teresita Maraví, no logró sustentar los delitos de organización criminal ni lavado de activos.
Jhefryn Sedano
Jhefryn Sedano
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La Fiscalía y la Policía han recibido un golpe en este caso. El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo decidió, al menos por ahora, dejar de lado los cargos más graves como organización criminal y lavado de activos contra los presuntos integrantes de ‘Los Tecnológicos del Mantaro’.

El juez Rubén Guadalupe Ulloa explicó en la audiencia de la noche del miércoles 15 que la Fiscalía no logró sustentar bien esos delitos. Por eso, considera que el proceso continuará solo por banda criminal y receptación agravada.

Este caso había generado bastante expectativa. Fue presentado como la caída de una organización peligrosa y tuvo 16 detenidos. Incluso la Fiscalía pidió hasta 36 meses de prisión preventiva para 22 de los investigados. El operativo ocurrió en marzo, en el pasaje Andaluz de Huancayo y, según la Policía, permitió descubrir una red dedicada al robo de celulares de alta gama, además de fraudes bancarios y lavado de dinero.

Pierde fuerza

Entre los detenidos hay policías en actividad a quienes se les acusa de formar parte de la red, usar sus cargos para facilitar delitos y ayudar a ocultar el origen ilegal del dinero.

Sobre este punto, el abogado y expolicía Javier Huamancayo Fernández hizo una observación clave. Señala que, si el juez dice que no se ha probado la existencia de una organización criminal, el caso pierde fuerza en su base principal. A su parecer, esto debilita especialmente la acusación contra los suboficiales, ya que gran parte de lo que se les imputa dependía de ese punto.

El celular de Alexandra

Según la investigación, el celular de la médica Alexandra Sobrevilla Cortijo pasó por varias manos hasta llegar a Flor de María Curasma Clemente. Uno de los responsables del crimen, Carlos Iván Vásquez Beltrán, ya condenado, contactó a Antoni Benjamín Ricci Jancachahua, detenido en este caso, para vender el equipo.

Después, en un encuentro en la avenida Ocopilla, el cómplice Kevin Valer Mescua, también sentenciado, entregó el iPhone 13 Pro Max a Curasma. Ella iba como copiloto en una camioneta BMW conducida por Ricci. Durante la entrega, incluso preguntaron si el celular tenía cuentas bancarias vinculadas para poder vaciarlas.

Cuando Curasma supo que el equipo venía de un homicidio, decidió sacarlo de la ciudad y enviarlo a Chiclayo para evitar que lo rastreen.

Receptación agravada

Sobre este hecho, Huamancayo también advierte que para sostener el delito de receptación agravada será clave demostrar que los iPhone provienen de robos graves, como este caso que terminó en muerte. Si eso se prueba, el juez podrá definir la responsabilidad de cada implicado y las medidas que correspondan.

También indica que, si a los presuntos cabecillas solo se les atribuyen los delitos de banda criminal y receptación, es necesario aclarar qué papel tuvo cada uno de los demás involucrados. En ese sentido, considera que lo expuesto por el juez hasta ahora sí representa un golpe importante para la Fiscalía y la Policía.

Oficial PNP cuestionado

La audiencia continuará hoy a las 2:30 de la tarde. El caso también ha generado polémica porque la etapa final de la investigación fue dirigida por el mayor PNP Ronald Chávez Rodríguez, del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado Huancayo (Grecc). Él también es investigado por presuntos delitos de coacción y tráfico de influencias junto a una falsa abogada, cuando trabajaba en la comisaría de Huancayo.

Por último, hay algo que llama bastante la atención. Varios de los investigados de ‘Los Tecnológicos’ son defendidos por el estudio de la familia Rojas Lázaro. Sus sellos y firmas habrían sido usados por la supuesta abogada Jhenyfer Santos Flores durante el tiempo en que Chávez trabajaba en la Seincri de esa unidad, de acuerdo al Ministerio Público. Considerando esto, ¿no es válido preguntarse en qué momento comenzaron las dudas sobre la forma en que se llevó el caso?