Hay que ser muy cínica para esgrimir esa frase del “orden contra el caos”, como viene repitiendo la candidata Keiko Fujimori. Expliquemos.
Primero: Quiere lavarse las manos
La señora K quiere negar su gran responsabilidad por el desastre económico, político, social e institucional al que ha llegado el país. Ella quiere “lavarse las manos como Pilatos” diciendo que ellos no gobiernan desde el 2016
Completamente falso. El fujimorismo en la práctica ha mantenido control sobre el Gobierno nacional. En los hechos, fue ella quien gobernó desde el Congreso, y en los últimos años ese control se afianzó con una coalición mafiosa. Y ella lo sabe.
Segundo: grave peligro
Si ganara Keiko Fujimori se configuraría un grave peligro para el país, puesto que no existirán los contrapesos constitucionales. Ella tendría un control absoluto del gobierno, puesto que, también, tiene mayoría en el Congreso, especialmente en el Senado.
Controlará todos los mecanismos de poder y sin ningún tipo de contrapeso. Incluso, seguirá manejando a su antojo las instituciones constitucionales autónomas, como el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Banco Central de Reserva, el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, el TC, la Superintendencia de Banca y Seguros, la ONPE y la Contraloría General de la República.
Tercero: complot
Desde que Pedro Castillo asumiera la presidencia, el fujimorismo y todo el pacto mafioso del Congreso no lo dejó gobernar. Y todo ello lo acaba de confirmar el fujimorista Miguel Torres (candidato a la segunda vicepresidencia en la plancha de Keiko).
Torres declaró que existió una coordinación entre la Fiscalía y el Congreso para “sacar” como sea a Pedro Castillo de Palacio de Gobierno. Estos actos fueron planificados y la consigna de esta estrategia, finalmente, tuvo resultados el 7 de diciembre.
Juntos por el Perú se ha pronunciado, señalando que la confesión de Miguel Torres constituye delito de conspiración para la rebelión, razón por la cual realizarán la correspondiente denuncia penal.
La denuncia incluirá, también a los implicados congresistas Martha Moyano y José Williams Zapata, así como al excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro, y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
