En uno de los momentos más duros de la pandemia, cuando cientos de policías se contagiaban y muchos perdían la vida por el Covid-19, en la Macro Región Policial Junín se realizaban compras millonarias de mascarillas, guantes y equipos de protección. Años después, la Fiscalía afirma que parte de esos productos no solo eran de mala calidad y estaban sobrevaluados, sino que algunos ni siquiera servían.
Seis años más tarde, el caso ha llegado a un punto clave. El Poder Judicial ordenó iniciar un juicio oral contra 19 personas por presunta corrupción. La idea es aclarar qué ocurrió realmente en uno de los periodos más críticos para la Policía Nacional del Perú.
El juicio estará a cargo del Quinto Juzgado Penal Unipersonal Anticorrupción de Junín y comenzará el 6 de enero de 2028, en Huancayo, a las 9 de la mañana. Se realizará de forma virtual, debido a la carga de trabajo del sistema judicial, que ya tiene audiencias programadas hasta ese año.
Según el Ministerio Público, las irregularidades habrían ocurrido en contrataciones hechas durante la emergencia, cuando todo debía hacerse con rapidez, pero sin dejar de lado la transparencia.
Las principales acusaciones
Colusión simple y agravada: funcionarios y proveedores que, supuestamente, se habrían puesto de acuerdo para direccionar contratos en perjuicio del Estado.
Negociación incompatible o uso indebido del cargo: funcionarios que habrían intervenido en procesos donde tenían intereses o habrían favorecido a terceros.
¿Qué habría pasado?
De acuerdo con la Fiscalía, el caso incluye al menos 11 procesos de contratación durante la pandemia. Entre los indicios se mencionan:
Reuniones entre proveedores y funcionarios antes de que se otorgaran los contratos.
Vínculos familiares, comerciales o de amistad entre empresas, lo que hace sospechar que la competencia no fue real.
Ingreso de productos a almacenes policiales antes de que se adjudicaran oficialmente.
Distribución de equipos de protección que no cumplían con estándares mínimos.
De confirmarse, los jefes policiales y funcionarios habrían puesto en riesgo a quienes estaban en primera línea, en un momento en el que cada mascarilla y cada guante podían marcar la diferencia.
Los principales acusados
Entre los investigados está el general PNP en retiro Alejandro Oviedo Echevarría, exjefe de la Sexta Macro Región Policial Junín y exjefe de la DINI, acusado de negociación incompatible. Recientemente, fue destituido del organismo de inteligencia, cargo que ocupaba desde su designación durante el gobierno de Dina Boluarte.
También aparecen exfuncionarios como Luis Pajuelo Flores, Sixto Hernani Bravo, Alan Vega Arauco, Walter Yantas Turín y Fernando Urcón Ventura, señalados por presunta colusión en distintos procesos.
Además, la Fiscalía sostiene que varios proveedores y personas vinculadas habrían participado en el esquema.
En total, son 19 los procesados, agrupados según el rol que habrían tenido:
Por colusión (presuntos autores):
Luis Pajuelo Flores, Sixto Hernani Bravo, Alan Vega Arauco, Walter Yantas Turín y Fernando Urcón Ventura.
Por negociación incompatible o uso indebido del cargo:
Alejandro Oviedo Echevarría y Víctor Meza Farfán.
Por colusión (proveedores y vinculados):
Karin Vásquez Puente, María Paredes Montenegro, Héctor Contreras Morán, Michel Lanoa Salvatierra, Juan Avellaneda Alarcón, Sherally Díaz Flores, Alexander León Vivanco, José Peña Gonzales, Orfelinda Morales Camargo, Rosa Li Caycho, Humberto Martínez Verástegui y Edgar Paredes Montenegro.
Todos enfrentarán el juicio en libertad, pero deberán asistir obligatoriamente a las audiencias junto a sus abogados.
El hecho de que el juicio recién empiece en 2028 refleja la sobrecarga del sistema judicial.
Ahora será el Poder Judicial el que determine si realmente hubo una red que manipuló contratos en plena emergencia sanitaria, poniendo en riesgo la vida de policías mientras otros se beneficiaban.
