El caso de contaminación en el río Yuracyacu podría ser más grave de lo que se creyó al comienzo. El Gobierno Regional de Junín informó al Congreso que en la parte alta de la cuenca no hay solo una empresa minera operando, sino 34 concesiones entre autorizadas, en trámite y en proceso de formalización.
La información fue presentada el 19 de mayo de 2026 por Vladimir Yañez Rodríguez, gerente regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, durante una sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso. Según explicó, en la zona hay 18 concesiones tituladas, 16 en trámite y 6 inscritas en el Reinfo.
Hasta ahora, las sospechas apuntaban principalmente a la minera Oro Negro, ubicada en la parte alta de la cuenca, donde durante inspecciones se encontraron filtraciones de agua hacia el río. Pero el nuevo informe del Gobierno Regional indica que la contaminación con cianuro podría estar relacionada con varias operaciones mineras que comparten la misma zona.
“No solamente hay una minera”, señaló Yañez. “Necesitamos una evaluación más amplia porque en la microcuenca existen 34 concesiones”, dijo.
¿Por qué unos análisis encontraron cianuro y otros no?
Durante la sesión también se explicó por qué algunas pruebas detectaron cianuro y otras no. Mientras la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no encontró cianuro en las muestras tomadas del río, la Policía Nacional sí detectó rastros del químico en peces muertos y en pozas de piscigranjas. Según Yañez, la diferencia se debe al tipo de muestras que se analizaron.
La ANA tomó muestras de agua en movimiento, antes y después de la zona afectada, donde el contaminante pudo haberse diluido por la corriente del río. En cambio, la Policía analizó agua estancada y peces muertos, lugares donde el cianuro permanece más concentrado.
“Por la dinámica del río, en ese momento no era fácil detectar el contaminante directamente en el agua”, explicó el funcionario.
“Sí hay delito”
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza Altamirano, aseguró que la ausencia de cianuro en algunas muestras no reduce la gravedad del caso. Para la Fiscalía, lo importante es identificar a los responsables del daño ambiental.
“No se trata de un simple malestar, sino de una tragedia ambiental”, afirmó. “La muerte de millones de truchas demuestra que hubo un delito de contaminación”. Añadió que las investigaciones buscan relacionar el daño con personas o empresas específicas y que ya se vienen realizando varias pericias. Los resultados podrían conocerse en las próximas semanas.
La alerta de las 7,000 hectáreas
Por otro lado, el OEFA informó que no tiene competencia directa para fiscalizar la cuenca de Pariahuanca porque allí no existen operaciones de mediana o gran minería bajo su supervisión. Aun así, confirmó que desde octubre del año pasado recibió cuatro denuncias por posible contaminación del río Yuracyacu y afectación de recursos hídricos relacionados con la empresa Oro Negro.
La entidad también indicó que está supervisando las acciones del Gobierno Regional de Junín y de la ANA, mientras ambas instituciones continúan con monitoreos y esperan nuevos resultados.
Además, el OEFA detectó que Oro Negro posee más de 7,000 hectáreas de concesiones mineras tituladas. Según la normativa actual, esa extensión podría superar los límites permitidos para pequeña minería o minería artesanal.
Por eso, el organismo pidió al Ministerio de Energía y Minas que aclare oficialmente cuál es la verdadera categoría de la empresa. Este punto es clave porque Oro Negro está inscrita en el Reinfo, lo que significa que la fiscalización ambiental directa recae en el Gobierno Regional y no en el OEFA. Vale decir, la responsabilidad recae en el Gore.
