La empresa Desarrollo Vial de los Andes (Deviandes) demandó al Estado peruano ante la Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, para exigir el cobro forzoso de US$ 99,4 millones. La concesionaria del Tramo 2 de la Carretera Central tomó esta medida tras el impago de un laudo favorable emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en noviembre de 2024.
La acción legal busca que la justicia estadounidense reconozca y ejecute el laudo arbitral. De prosperar la demanda, la empresa podría iniciar procedimientos para cobrar la indemnización, incluso mediante el embargo de activos del Estado peruano en el extranjero si el incumplimiento persiste.
Según señaló Deviandes en un comunicado, el proceso judicial en Estados Unidos forma parte de los mecanismos internacionales disponibles para hacer cumplir decisiones arbitrales contra Estados soberanos, “especialmente cuando los pagos ordenados no se realizan voluntariamente”.
El origen del conflicto se remonta a 2018 en la zona de Ticlio, en la Carretera Central. Ese año, protestas de transportistas bloquearon la instalación de una garita de peaje que la concesionaria debía operar como parte de su contrato.
El tribunal arbitral del Ciadi concluyó que el Estado peruano incumplió obligaciones contractuales clave al no adoptar medidas suficientes para restablecer el orden público durante las protestas, lo que impidió a la empresa operar la estación de peaje y recaudar los ingresos previstos.
“El tribunal concluyó que estos hechos constituyeron incumplimientos tanto del contrato de concesión como del contrato de garantía firmado por el Estado”, indicó la empresa.
El proceso abierto en Estados Unidos se suma a otros litigios internacionales que enfrenta el Perú por proyectos de infraestructura. Uno de los precedentes más recientes involucra a la empresa Kuntur Wasi, luego de que en enero de 2026 una corte estadounidense declarara al país en situación de “default” y rebeldía por no pagar una indemnización de US$ 91 millones.
