La construcción de la Nueva Carretera Central (NCC) representa una decisión histórica que definirá el futuro económico de la macrorregión centro y de todo el país. Seis regiones —Lima, Junín, Pasco, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali— dependen de esta vía de supervivencia logística. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una encrucijada crítica: elegir entre un modelo de financiamiento responsable o una condena financiera vía APP que hipotecará al país con más de S/ 84,000 millones.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) están promoviendo el “Escenario 3: Mixto APP”, el cual implica entregar el 66% del proyecto a una Asociación Público-Privada (APP). En calidad de responsable del esquema financiero de la Comisión Multisectorial, mi deber es hablar con la verdad de los números y demostrar por qué el modelo propuesto por nuestra Comisión (Fideicomiso + Bonos Soberanos) es, comparativamente, la única vía para salvar la obra.
- Culminación al 2031 vs. una década de retraso. El factor tiempo es cuestión de competitividad y de vidas humanas. Nuestro modelo garantiza un flujo de caja blindado a través de un fideicomiso macroregional, lo que asegura una construcción bajo la modalidad Fast Track entre los años 2027 y 2031. Por el contrario, el esquema APP promovido por el MEF requiere procesos engorrosos en ProInversión, lo que generaría una postergación crónica, estimándose que la obra culminaría recién en el año 2042. El Perú no puede esperar 16 años por esta carretera.
- Ahorro fiscal masivo frente al derroche de la APP. El modelo de la Comisión Multisectorial evita el endeudamiento masivo desde el día uno. Proponemos una inyección adelantada de S/ 3,000 millones en el 2027 y el 2028 con recursos ordinarios, saldos de balance y el esfuerzo solidario del Fondo de Inclusión Vial (FIV) de S/ 250 millones anuales. Esta ingeniería hace que la necesidad de emitir deuda en 2027 sea exactamente de S/ 0.00, generando luego una cuota anual plana y manejable de entre S/ 1,225.74 millones y S/ 1,475.74 millones anuales.
En contraste, la APP del MEF encarece brutalmente el proyecto: dispara el aporte inicial del Estado al doble (S/ 12,000 millones) y plantea pagos anuales de casi S/ 4,000 millones; es decir, obliga al MEF a pagar casi cuatro veces más cada año.
- Tarifas sociales frente a peajes confiscatorios. Si prospera la APP, el peaje promedio requerido para equilibrar los costos privados saltaría a S/ 133.60 (a 20 años) o S/ 78.00 (a 30 años). Estas tarifas romperían por completo la cadena logística de los alimentos y golpearían directamente el bolsillo del ciudadano. Nuestro modelo, en cambio, utiliza el 50% de la recaudación para asegurar el mantenimiento (OPEX) y el otro 50% para la deuda, permitiéndonos fijar una tarifa social, justa y realista para autos ligeros, buses y para camiones.
- Competitividad e inversión para la macrorregión central. Nuestra propuesta no solo construye una carretera, sino que transforma a las seis regiones en gestoras activas mediante el Modelo Integrado de Gobernanza Estratégica (MIGE), que haga vigilancia social y promueva más inversiones OXI, a diferencia de la APP que las convierte en simples espectadores que pagan peaje a un concesionario.
Lograremos una reducción de al menos 10% en costos logísticos generales y un 28% de ahorro en fletes mineros y agrícolas. Al apalancar estos ahorros logísticos, el Impuesto a la Renta de las empresas crecerá, liberando techos presupuestales que detonarán un “boom” de Obras por Impuestos (OxI) por un valor de S/ 30,890 millones entre 2031 y 2063. Esta inmensa riqueza permitirá construir puertos secos (en La Oroya y Jauja) y vías alimentadoras hacia la selva central.
Un llamado a la acción inmediata
El modelo APP del MTC/MEF no es una solución, es una condena que destruirá a nuestros productores por el sobrecosto logístico y el retraso.
Señores congresistas de la República: El país los observa, en nombre de la viabilidad de nuestra patria y de la macrorregión centro, aprobar de inmediato la Ley de Endeudamiento Especial y la creación del Fondo de Inclusión Vial (FIV). Esta arquitectura legal respalda nuestra emisión de Bonos Soberanos y es la única salida técnica y patriótica para tener la Nueva Carretera Central operando en el 2031, con peajes justos y soberanía nacional.
