Las comunidades del distrito de Pariahuanca exigieron la presencia del gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, en la reunión programada para el 30 de enero en el centro poblado de San Balbín, en el marco del conflicto socioambiental por actividades mineras en la cuenca Yuracyacu. El pedido quedó registrado en un acta oficial de coordinación firmada el último 9 de enero por representantes comunales del Gobierno Regional.
La exigencia marca un escalamiento del conflicto, pues la población, además de fiscalización técnica, reclama la intervención de la máxima autoridad regional, frente a la presencia de actividad minera por empresas en vías de formalización, inscritas en el Reinfo, a quien responsabilizan de daños ambientales.
Representantes de las comunidades de Pariahuanca reiteraron sus cuestionamientos a las actividades de empresas mineras que operan en la zona, entre ellas Oro Negro S.A.C., y reclamaron acciones concretas del Estado. Los comuneros pidieron evaluaciones ambientales, intervención del sector Salud y presencia efectiva de las autoridades en el territorio.
Con las entidades participantes, entre ellas la Dirección Regional de Energía y Minas, la Municipalidad Distrital de Pariahuanca y la Defensoría del Pueblo, los comuneros acordaron una nueva reunión presencial en la zona del conflicto y coordinar una fiscalización minera con participación comunal.
Uno de los puntos más sensibles de la reunión fue la seguridad. Los asistentes reconocieron la necesidad de definir cuántas personas participarán en la fiscalización y cómo garantizar su integridad, un aspecto que estará en manos de la Dirección Regional de Energía y Minas.
Las comunidades también solicitaron la intervención de otras entidades del Estado, como el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud, la Autoridad Nacional del Agua, el OEFA y la Fiscalía especializada en materia ambiental.
La ausencia del gobernador Zósimo Cárdenas en las coordinaciones previas motivó el reclamo directo. Para los comuneros, su presencia en la reunión del 30 de enero resulta clave para destrabar el conflicto y asumir compromisos políticos de alto nivel. Para los comuneros, esta reunión es clave para definir si debe haber actividad minera o no en la cabecera de cuenca del río Yuracyacu, cuyas aguas son utilizadas en la agricultura.
Actualmente, la Fiscalía especializada en materia ambiental tiene abiertas dos investigaciones contra la empresa Oro Negro S.A.C., una por la presunta comisión del delito de contaminación a las fuentes de agua y otra por la presunta alteración del paisaje, al construir un canal para transportar agua a una planta hidroeléctrica.
