La abogada ambientalista Galaxia Solís Dávila reveló que un informe del Ministerio de Energía y Minas denuncia la retención, amenazas y presunta coacción contra fiscalizadores de la Dirección de Formalización Minera durante una inspección realizada en la zona donde opera la minera Oro Negro, enero de 2026.
Solís leyó extractos del Informe 18Un informe del Ministerio de Energía y Minas, revelado por la abogada Galaxia Solís en conferencia de comuneros de Pariahuanca, denuncia que fiscalizadores sufrieron retención, amenazas y coacción para alterar una inspección minera realizada en enero en la zona donde opera Oro Negro.9-2026 de la Dirección General de Formalización Minera y afirmó que el documento registra un “incidente crítico” ocurrido cuando una comisión oficial retornaba a Huancayo tras culminar una diligencia técnica vinculada al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Interceptación y amenazas a fiscalizadores
Según la lectura realizada en la conferencia de prensa, Víctor Manuel Abad Palomino interceptó violentamente la camioneta institucional y bloqueó la carretera con otro vehículo para exigir la entrega del acta de fiscalización levantada minutos antes por los inspectores.
Solís, quien integra el equipo legal de los comuneros de Pariahuanca, señaló además que Marudi Abad Pérez y otras personas vinculadas a la operación minera retuvieron e inmovilizaron físicamente al personal del Estado e impidieron su libre desplazamiento.
El informe, de acuerdo con los pasajes leídos públicamente, registra amenazas de muerte, despojo de equipos GPS y teléfonos celulares, así como destrucción de documentos oficiales relacionados con la diligencia.
Cambiar coordenadas y alterar la inspección
La parte más delicada del documento sostiene que los fiscalizadores habrían sido obligados a realizar una nueva inspección en puntos distintos a los inicialmente verificados y a registrar nuevas coordenadas para reemplazar los datos originales.
Solís afirmó que esa presión buscó hacer coincidir las labores observadas con las coordenadas declaradas en el Reinfo, con el propósito de sustituir los hallazgos levantados durante la fiscalización original.
La Dirección General de Formalización Minera calificó el episodio como un “incidente crítico” y, según lo expuesto en conferencia, denunció los hechos ante la Policía por presunta violación de la libertad personal y coacción, además de solicitar medidas contra el registro minero inspeccionado.
Solís vinculó este antecedente con la crisis ambiental registrada en abril de este año tras la mortandad masiva de truchas y las denuncias por presunta contaminación del río Yurajyacu.
Los comuneros exigieron investigaciones rápidas, garantías para sus dirigentes y la declaratoria de emergencia ambiental, además de anunciar una movilización para el próximo 18 de junio en defensa del agua y del área de conservación Huaytapallana.
La descripción del “incidente crítico”
“Al concluir la diligencia y durante el trayecto de retorno a la ciudad de Huancayo, eso dice la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, aproximadamente a las 4:30 horas, la comisión oficial fuimos objeto de una interceptación vehicular violenta en la carretera por parte de una camioneta conducida por Víctor Manuel Abad Palomino.
El sujeto bloqueó la vía y, mediante amenazas de muerte, nos coaccionó al personal para la entrega del acta de fiscalización 2127, que es la que habían levantado. Posteriormente, se apersonaron Marudi Abad Pérez junto a un grupo de terceras personas, quienes procedieron a retenernos e inmovilizarnos a los suscritos mediante el uso de la fuerza, impidiéndonos el libre desplazamiento en dichas circunstancias. El equipo fue despojado de la unidad institucional a través de agresiones y en contra de la voluntad.
Se ejerció violencia física, despojo de equipos, GPS, celulares, destrucción de documentos oficiales, como era el acta que habían levantado, y bajo un contexto de presión y amenazas, el personal fue obligado a realizar una nueva diligencia en puntos distintos a los inicialmente verificados, declarados en el Reinfo”.
La sanción del ANA por intervenir el río
Solís también citó una resolución de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que, según explicó, sancionó a Takana Energy S.A.C. con una multa equivalente a cuatro UIT por ejecutar obras dentro del cauce del río Yuracyacu sin autorización.
La abogada sostuvo que la Resolución Directoral 810-2025 concluyó que la empresa construyó un canal de concreto armado en la margen derecha del río sin contar con permiso de la autoridad hídrica, intervención que —afirmó— motivó protestas de comunidades campesinas de Pariahuanca preocupadas por la afectación del recurso hídrico.
