Un nuevo pedido de prescripción, amparándose en la denominada Ley de la Impunidad, que restablece la prescripción de los delitos de lesa humanidad, fue presentado este miércoles ante la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que desarrolla el juicio contra ocho oficiales del ejército por la desaparición de estudiantes y docentes de la Universidad Nacional del Centro, entre 1989 y 1993.
Se trata de Luis Manuel Delgado de la Paz y Manuel Juan Dill’erva Chávez, miembros del Estado Mayor de la 31 Brigada de Infantería de Huancayo, en 1991 y 1992, respectivamente, y a quienes la Fiscalía les imputa delitos calificados de lesa humanidad por autoría mediata, por la desaparición de estudiantes de la UNCP.
El abogado de ambos procesados, Santos Barrantes Silva, se ampara en la Ley 32107, “Ley que precisa la aplicación de aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”, promulgada por insistencia por el Congreso el pasado 9 de agosto y pide la “excepción de prescripción y nulidad de todos los extremos de la acción penal”.
El abogado recuerda que los hechos imputados a sus defendidos ocurrieron en 1991, hace 30 años, y la ley del Congreso permite la prescripción de delitos de lesa humanidad, cometidos hasta antes de 2002, año en que el Perú se adhirió al Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
El caso de las desapariciones forzadas de la UNCP se encuentra en proceso de juicio oral. La Fiscalía imputa cargos contra ocho altos oficiales del Ejército:
- Manuel Delgado Rojas, comandante general de la 31 Brigada de Infantería de 1989 a 1990.
- Elías Espinosa del Valle, jefe del Estado Mayor de la 31 División de Infantería, 1990.
- General EP Luis Pérez Documet, comandante general de la 31 División de Infantería, 1991.
- Manuel Juan Dill’erva Chávez, miembro del Estado Mayor, 1991
- Luis Manuel Delgado de la Paz, miembro del Estado Mayor, 1992
- Danilo González Campana, G2 de la sección de inteligencia del Estado Mayor, 1992
- Boris Adolfo Rojas Esquivel, oficial de la 31 División de Infantería, 1992
- Robuan David Jaime Sobrevilla, comandante general de la 31 División de Infantería, 1993.
Ellos son enjuiciados por 62 estudiantes y docentes víctimas de desaparición forzada de la UNCP entre 1989 y 1993.
