La disposición fiscal establece un plazo de 60 días para las diligencias preliminares y ordena a la División de Investigación Criminal (Divincri) realizar las principales actuaciones en un plazo de 45 días.
La investigación también comprende a Fausto Agustín Gamarra Quispe, presidente del Comité de Defensa de los Recursos Hídricos del río Yuracyacu; Martín García Mayta, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Pariahuanca; Rogelio López Huamán, presidente del Frente de Defensa de Huancayo; Galaxia Lenina Solís Dávila, asesora legal de las comunidades; y Diego Rivera Cuñas. La investigación incluye además a quienes resulten responsables.
La protesta
Según la disposición fiscal, alrededor de 500 manifestantes provenientes de Pariahuanca bloquearon los accesos y salidas del Gobierno Regional de Junín durante la mañana del 18 de junio. Los comuneros exigían una reunión presencial con el gobernador regional, Zósimo Cárdenas Muje, y reclamaban medidas concretas para proteger las cabeceras de cuenca del río Yuracyacu frente a la expansión de actividades mineras.
La Fiscalía sostiene que los manifestantes ejercieron presión sobre los accesos de la sede regional e impidieron el ingreso y salida de personas. Además, señala que un funcionario identificado como Juan Emilio Damián Ladrón de Guevara habría sufrido agresiones durante la movilización.
Ese mismo día, la Policía lanzó bombas lacrimógenas para intentar despejar los exteriores del Gobierno Regional y permitir la salida de trabajadores. Sin embargo, la protesta continuó y los manifestantes permanecieron en el lugar hasta el día siguiente.
Intervención fiscal por presencia de menores
En su disposición, la Fiscalía recoge reportes sobre la presencia de menores de edad en una cuna que funciona dentro de la sede regional e indica que los manifestantes se habrían negado a permitir un pase libre para que madres y niños abandonaran el recinto mientras representantes del Ministerio Público verificaban su situación.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que los manifestantes obstaculizaron el ingreso del fiscal provincial de Familia, Carlos Santa Cruz Urbina, quien acudió al lugar para supervisar las condiciones en las que permanecían los menores.
La disposición agrega que la fiscal adjunta Verónica Carhuachín Galazar habría recibido insultos y agresiones verbales cuando intentaba cumplir sus funciones junto a otros representantes del Ministerio Público.
Acuerdo tras más de 30 horas de protesta
La movilización concluyó el 19 de junio luego de más de 30 horas de protesta ininterrumpida frente a la sede regional.
Ese día, representantes de las comunidades de Pariahuanca suscribieron un acta de compromisos con el Gobierno Regional de Junín, representado por la vicegobernadora Milagros Inche. El documento establece que la entidad impulsará ante el Consejo Regional una ordenanza para declarar de interés regional la protección de las cabeceras de cuenca de los ríos Yuracyacu, Shullcas, Tulumayo y Achamayo.
El acuerdo también contempla gestiones para revisar concesiones mineras y registros REINFO en la zona, acciones de vigilancia sanitaria para la población afectada y apoyo a los piscicultores perjudicados por la mortandad de peces registrada en la cuenca.
Aunque el gobernador Zósimo Cárdenas no participó presencialmente en la reunión, ratificó los compromisos mediante una comunicación telefónica.
Las diligencias ordenadas
Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó a la Divincri recabar las fichas de identificación de los investigados, solicitar los registros de cámaras de seguridad del Gobierno Regional y de municipalidades cercanas, así como recopilar videos difundidos por medios de comunicación y redes sociales.
También dispuso tomar declaración a Juan Emilio Damián Ladrón de Guevara y someterlo a un examen médico legal, recoger los testimonios de Vanessa Aquino Zambrano, Carlos Santa Cruz Urbina y Verónica Carhuachín Galazar, e interrogar a Patricia Soria, trabajadora de la oficina de Gobernación Regional.
Asimismo, la policía deberá identificar a los representantes de los menores que permanecían en la cuna durante la protesta y recibir las declaraciones de los seis investigados con la asistencia de sus abogados defensores.
Con estas diligencias, la Fiscalía buscará determinar si los hechos ocurridos durante la protesta configuran responsabilidades penales y si existen más personas involucradas en los incidentes registrados frente al Gobierno Regional de Junín.
