Hoy es el día de la Acción Global por el Aborto Legal, que nace desde la articulación de las ciudadanías activas feministas en Latinoamérica y el Caribe, y cuyo propósito es abordar esta realidad, con la honestidad y transparencia que merece, se pugne su despenalización y así no criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado.
Resulta necesario seguir trabajando en el tema hasta que logremos sensibilizar a más personas sobre una realidad que es vista de manera indolente e injusta. El aborto es aún un tema que genera controversia pese a que su ocurrencia se lleva a cabo todos los días, en la clandestinidad y complicidad hipócrita silenciosa que prefiere ocultar el tema.
Hablar de aborto despierta los más álgidos comentarios e incluso motiva conductas violentas contra las mujeres que opinamos y nos motivamos a ser firmes en nuestra defensa consciente y resiliente de los derechos sexuales y reproductivos de manera integral. Las mujeres que estamos en favor de la legalización del aborto debemos resistir al odio y expresiones violentas que sobre nosotras se gesta, de hecho, nos destilan más odio que a los propios violadores sexuales u otro tipo de agresores crueles que destruyen la vida de las mujeres.
“Las mujeres que estamos en favor de la legalización del aborto debemos resistir al odio y expresiones violentas que sobre nosotras se gesta, de hecho, nos destilan más odio que a los propios violadores sexuales u otro tipo de agresores crueles que destruyen la vida de las mujeres”
Hay múltiples argumentos que se disfrazan de cierta coherencia para parecer racionales, cuando en el fondo solo se trata del control de los cuerpos de las mujeres; sin embargo, la coincidencia más recurrente identificable es considerar al aborto como pecado, como si se tratara de un asesinato y orillar su análisis a una perspectiva religiosa. Sobre esto, la incoherencia más grande es que la supuesta indignación solo aparece cuando se habla de legislar el tema, pero mientras sigan los anuncios en postes y veredas de solución inmediata al “atraso menstrual” y las mujeres pobres mueran, esas mismas personas no hacen ni dicen absolutamente nada.
Las mujeres no abortan porque se les antoja. No es que una mujer busque embarazarse para abortar. No se trata de una chica loca que salió de fiesta y “no se cuidó”. Este pensamiento significa un profundo desconocimiento de la realidad. El aborto es un proceso difícil y doloroso al que ninguna mujer acude con gusto o placer. Es la salida desesperada ante una violencia institucional que niega una garantía integral en derechos sexuales y reproductivos.
Los embarazos no deseados existen por diversas causas: el método anticonceptivo no funcionó, la pareja no quiso usar preservativo, no existe educación sexual, no hay acceso a métodos anticonceptivos, existió violencia sexual incluso dentro de la propia relación de pareja, el hombre decidió quitarse el preservativo sin avisar, entre otras causas. Pero también están los hechos en las cuales, habiendo aceptado inicialmente el embarazo los factores sociales que devienen son difíciles; un hombre que anuncia que no se hará cargo y que niega su paternidad, un abandono premeditado, una situación de violencia, un agresor que cree que con el embarazo podrá ejercer mayor poder sobre su víctima, una adolescente víctima de violencia que ve truncado su futuro y muchos, muchos ejemplos más. Comprender esta realidad es un asunto de humanidad.
Abortos clandestinos
Una de las grandes causas de mortalidad materna son los abortos clandestinos, que se dan en condiciones insalubres y en escenarios que resultan violentos para las mujeres que acceden a ellos. El aborto en sí mismo no es un peligro; lo es cuando se realiza en condiciones turbias, a las cuales se llega por estar penalizado. Claro está que para quienes tienen dinero sí se hará con todas las condiciones de cuidado y en los establecimientos médicos más reconocidos, incluso.
“Un Estado de Derecho como lo es el Perú debe estar orientado a la garantía de derechos como elementos inherentes a las personas”
Que si el aborto es pecado o no, para efectos de una regulación en salud pública y derechos, simplemente no nos importa, porque las políticas públicas y los asuntos de la vida de la gente es un tema de derechos y no de religiones. Y es en este punto donde debemos fortalecer la laicidad como una herramienta aliada fundamental a los derechos humanos, para que el Estado cumpla con el rol garante de los mismos y ejerza el principio de la secularización del poder en donde los asuntos de las iglesias no intervengan en temas estatales.
Lo que digan los textos bíblicos o lo que se interprete sobre éstos, son simplemente irrelevantes para efectos de construir la normatividad en un Estado de Derecho, más aún uno como el nuestro que es un Estado Constitucional de Derecho. Y sobre ello, ¿qué debemos tener en cuenta? Que nuestro Estado es no confesional, Es decir, no atiende a los dogmas religiosos de las iglesias predominantes; si no, se encuentra al servicio de los derechos, de la libertad e igualdad de las personas, por lo que en el marco de la democracia un Estado de Derecho como lo es el Perú debe estar orientado a la garantía de derechos como elementos inherentes a las personas.
Un país laico
Tengamos en claro que si bien el artículo 50° de nuestra Constitución reconoce a la Iglesia Católica como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del país, el artículo 45° establece de manera clara que el poder emana del pueblo, no de Dios o la Iglesia, motivo por el cual se comprende que nuestro país es laico y no incluye a la Iglesia (ni iglesias) como rectora de la organización estatal.
De hecho, de acuerdo a lo contemplado por el Tribunal Constitucional[1], máximo intérprete de la Constitución, la laicidad tiene como exigencia la separación orgánica del Estado frente a cualquier iglesia o manifestación religiosa y a su vez exige la neutralidad que veda al Estado de realizar cualquier valoración positiva de alguna confesión religiosa en particular.
Es decir, la libertad religiosa se protege y cada quien es libre de creer como así lo desee, pero el Estado no puede regirse por dogmas de una determinada religión, porque sería discriminador y excluyente para un sector, pues debe garantizar derechos en base a argumentos jurídicos que respalden a todos y a todas.
Entender esto permite que hayan personas que rechacen un aborto por sus creencias, sí estén a favor de la legalización del aborto, porque entienden que pesa la libertad y respeto a la autonomía de cada persona, porque comprenden que no podemos imponer nuestra forma de pensar en la vida de la gente, y no podemos hacer de nuestra experiencia de fe un asunto de norma estricta que genere una tortura en una mujer. Encontrarse en un embarazo forzoso, que no se desea, es tortura.
“Como bien ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos prevalecer la protección del feto sobre la salud de la madre es un acto discriminatorio”
El aborto es un asunto de derechos humanos y el Estado peruano debe asegurarlo como parte de sus obligaciones para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho de estas a la salud, así como otros derechos fundamentales; criminalizar los servicios de salud únicamente de mujeres es una forma de discriminación.
La vida del feto siempre debe ser abordado en armonía con los derechos de la madre y como bien ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos prevalecer la protección del feto sobre la salud de la madre es un acto discriminatorio.
El aborto es un asunto de derechos y estos no están en debate. Su legalización es una deuda pendiente con la vida digna de las niñas, adolescentes y mujeres en el Perú. Seguiremos luchando para que “sea ley”.
[1] Sentencia del TC del expediente N° 00007-2014-PA/TC
