Además de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, y de Braulio Grajeda, actual viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en la investigación por presunto lavado de activos en el financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 de Perú Libre, también se encuentran incluidos funcionarios del Gobierno Regional de Junín, como el gerente regional Clever Untiveros Lazo; el director regional de Educación, Bladimir López Leiva; la exdirectora de Asesoría Jurídica, Mercedes Carrión Romero; la exsubgerente de Desarrollo Social, Nelly Escurra Dávila; el subgerente de Acondicionamiento Territorial, Percy Rivera Ladera; y otros dirigentes del partido oficialista.
De acuerdo con el fiscal a cargo de las pesquisas, Richard Rojas Gómez, los funcionarios del Gobierno Regional de Junín y afiliados al partido Perú Libre, recaudaban y manejaban el dinero que obtenían de aportes ilícitos, como el cobro de coimas y cupos de trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín (DRTC).
La disposición que incorpora a dichos funcionarios del Gobierno Regional de Junín en la investigación por presunto lavado de activos, toma las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz 04-2021- FPCEDCFJ2D, en el caso N° 04-2021, en cual señala que el gerente general, Ricardo Untiveros, y el subgerente de Acondicionamiento Territorial, Percy Rivera, dieron la orden de recaudar dinero de las coimas provenientes de actos de corrupción para financiar al partido político después de la primera vuelta, y a la vez, realizar los pagos judiciales del condenado Vladimir Cerrón.
“Como encargado de la recolección de dinero en la DRTC/Junín fue designado Francisco Muedas Santana (prófugo). En la sede Satipo se designó a Manuel Paccori Ludeña y en Chanchamayo a Enrique Palomo Fierro, debiendo cada uno de ellos entregar el monto de 10 mil soles semanales a Marina Vásquez (investigada en Caso Los Dinámicos), quien se encargaba de hacer la entrega de dinero de forma personal en la oficina de gerencia general a Ricardo Untiveros”, dijo el aspirante a colaborador eficaz, quien también reveló que los trabajadores del régimen CAS del Gobierno Regional de Junín tenían que, de manera obligatoria, depositar en una cuenta bancaria 100 soles mensuales, pero los funcionarios debían dar un monto mucho mayor.
Según la Fiscalía, el actual director regional de Educación, Bladimir López Leiva, habría cumplido el papel de operador en la presunta organización criminal, respecto a actos de conversión y transferencias de dinero, que facilitarían las operaciones de lavado de activos.
El documento que incorpora nuevos investigados en el caso de lavado de activos que implica Vladimir Cerrón, también incluye a la exdirectora de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Junín, Mercedes Carrión Romero, quien según la argumentación fiscal habría exigido aportes al personal contratado en las diferentes direcciones regionales.
“En el año 2019 y 2020 las cantidades de aporte para el partido eran de 30 soles si ganabas de mil 200 a mil 500, de 50 si ganabas de mil 500 a 2 mil soles, 80 soles si ganabas más de 2 mil soles, y esos montos eran replicados a todas las entidades públicas cuya administración estaba a cargo del Gore Junín. Y en el caso de las alcaldías se aplicaba si los alcaldes eran de Perú Libre, tales como la Municipalidad Provincial de Huancayo y la municipalidad de Chilca. Esos montos eran entregados a Mercedes Carrión Romero, personera legal alterna de Perú Libre”, indicó el aspirante a colaborador eficaz 04-2021.
El mismo aspirante surgido de la investigación a ‘Los Dinámicos del Centro’, señala: “De igual forma se hicieron entregas de dinero, entre enero y marzo del 2020, de forma directa a la persona de Nelly Janet Escurra Dávila, quien se encontraba desempeñando el cargo de subgerenta de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades del GRJ, quien a través de Eduardo Bendezú solicitó la suma de 5 mil soles para los gastos de Vladimir Cerrón para el pago de abogados y proceso judicial”.
El documento fiscal indica que la excandidata al Congreso de Perú Libre por Junín, Jakelyn Flores Peña, habría recibido financiamiento de las ganancias ilícitas provenientes de actos de corrupción, generados por la presunta organización criminal.
En la lista de funcionarios y exfuncionarios incorporados en la investigación por el presunto delito de lavado de activos, figura también el exconsejero regional, del periodo 2011-2014, Eddy Misari Conde.
Todos ellos ya tienen fecha para su declaración testimonial en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a cargo del fiscal Richard David Rojas Gómez.
La incorporación de Dina Boluarte y de Braulio Grajeda, en la pesquisa fiscal, obedecería a que ambos abrieron una cuenta mancomunada en el Banco de Crédito del Perú (BCP), donde se recolectaban los aportes de trabajadores del Gobierno Regional (GORE) de Junín. Este dinero, obtenido de manera ilícita, tenía como finalidad pagar la reparación civil de su líder Cerrón.
