La fiscal Vanessa Díaz Ramos sustentó su pedido de prisión preventiva por 36 meses contra 18 investigados por pertenecer a la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro. Los fundamentos fueron los años de condena que les correspondería por los delitos que cometieron al traficar con licencias de conducir y direccionar puestos de trabajo en la Dirección Regional Transportes y Comunicaciones de Junín.
La fiscal también sostuvo que hay peligro de fuga y peligro de obstaculización de la investigación.
Según la exposición de la fiscal, el pedido de prisión preventiva procede cuando los años de condena por los delitos cometidos superan los 4 años. En este caso, el delito de organización criminal es sancionado de 8 a 15 años de privación de la libertad. El cohecho pasivo propio con 6 a 8 años y la negociación incompatible con 4 a 6 años.
De acuerdo con un cuadro presentado por Díaz Ramos, la pena mínima que les correspondería a cuatro de los implicados (Waldys Vilcapoma Manrique, Arturo Cárdenas Tovar, Eduardo Bendezú Gutarra y Alejandro Rojas Benites) es de 10 años y 2 meses, por el delito de organización criminal. En tanto, otros 15 investigados serían pasibles de condenas de 26 y 30 años, superando así la valla de cuatro años mínimos que exige el código penal.
La fiscal sostuvo que el peligro de fuga de los investigados está dado por el no arraigo domiciliario, pues varios de ellos tienen múltiples direcciones y no se encontraban en sus domicilios el día del allanamiento. Razones por las que el Ministerio Público duda que los involucrados se ciñan a las investigaciones.
Además, mostró capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp de Waldys Vilcapoma Manrique en el que se da cuenta que días antes del allanamiento, algunos de los investigados ya conocían de la Resolución Judicial y buscaron eludir a la justicia, como es el caso de Arturo Cárdenas Tovar y Eduardo Bendezú Gutarra, quienes se escondieron de la justicia.
Con respecto a la obstaculización de la investigación, citó las transcripciones de las escuchas legales de Arturo Cárdenas, identificado como el número 2 dentro de la investigación, quien pese a no tener un cargo público podía tomar decisiones sobre la contratación de personal en la Dirección de Transportes de Junín, por lo que la Fiscalía presume su gran influencia dentro de las acciones que adoptaban los militantes y simpatizantes de Perú Libre.
Esta influencia, dice Vanessa Díaz, se refleja en el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz quien al ser interrogado sobre si durante su detención preliminar algunos de los investigados, prófugos abogados, defensores o familiares vinculados a estos lo han buscado con alguna finalidad, dijo: “No, pero tengo conocimiento que el hijo de Alfredo Rivera Santana llamado ‘Benyi’ está buscando a Mono Jack, además he tomado conocimiento que existen ofrecimientos a otros investigados que cuando entre el Partido Perú libre a la presidencia de La República va hacer todo lo posible por librarnos”
Bajo estos argumentos la fiscal ha solicitado al juez Jorge Chávez Tamariz, la imposición de 36 meses de prisión preventiva.
Desde este mi, desde este jueves 30 de setiembre, los abogados de los investigados tendrán derecho a argumentar su defensa.
