“Es ahora o nunca”.
El financiamiento de la Nueva Carretera Central (NCC) entró en su momento más crítico. El Congreso, en un plazo de aproximadamente dos semanas, debería debatir y aprobar en el Pleno la ley que garantiza su financiamiento multianual. Si no lo hace, el proyecto corre el riesgo de quedar desfinanciado.
El punto de quiebre llegó el último lunes 4 de mayo, cuando la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó el dictamen favorable al esquema de financiamiento planteado por la Comisión Multisectorial pro Carretera Central.
Ahora, la decisión recae en la Mesa Directiva del Congreso y la Junta de Portavoces, que definen la agenda del pleno, para que exonere el trámite regular para acelerar la votación antes del cierre de esta última legislatura, que termina en junio.
Jesús Capcha, también coordinador de la propuesta de la viabilidad financiera de la Comisión Multisectorial, advierte que el escenario político actual no se repetirá. “Es ahora o nunca. No creo que haya otro momento como ahora que tenemos dos congresistas de Junín en la Mesa Directiva. Si no sale ahora, es complicado en otro momento”, afirma.
Más aún que el costo de la construcción de la nueva Carretera Central, bautizada con el nombre de Daniel Alcides Carrión, se actualizó a 30 mil millones de soles.
Al borde del vacío financiero
El Gobierno Regional, por su parte, impulsa un crédito suplementario de S/ 600 millones para iniciar con las primeras obras en julio de este 2026, específicamente para iniciar el túnel Pariachi. Sin embargo, ese monto solo cubre la fase inicial.
El problema real aparece en 2027. Sin la ley, el proyecto no contará con financiamiento asegurado para su continuidad.
“El MEF no tiene una disposición para habilitar fondos para la carretera para el inicio de obra, hasta hoy no lo hizo. Esta ley ya no le consulta al MEF, le impone la prioridad”, explica Capcha. La norma obliga al Estado a garantizar recursos hasta la culminación en 2031.
Sin ese respaldo, el Ministerio de Economía y Finanzas podría excluir la obra de la programación de inversiones, lo que dejaría el proyecto paralizado.
Fideicomiso para asegurar el dinero
La norma que debe ser aprobada por el Congreso crea un fideicomiso macrorregional administrado por COFIDE. Este mecanismo centraliza y asegura el financiamiento sin depender de decisiones anuales del MEF.
El fondo se alimentará de tres fuentes:
- Aportes del Tesoro Público
- 50% de la recaudación de peajes futuros
- Fondo de Inclusión Vial (FIV)
El FIV implicará un aporte de S/ 2.50 en los recibos de electricidad de las personas que viven en las regiones beneficiadas. Este esquema generará alrededor de S/ 250 millones anuales.
“El fideicomiso permitirá que ya no estemos tocándole la puerta al MEF cada año. El dinero irá directo a una cuenta exclusiva para la carretera”, explica Capcha.
Estos recursos respaldarán la emisión de bonos soberanos para financiar la construcción completa.
Para Capcha, este es el momento político favorable a la región Junín, pues cuenta en el Congreso con dos representantes en la Mesa Directiva, los parlamentarios Waldemar Cerrón e Ilich López, lo que le da capacidad de influir en la agenda legislativa.
Ese factor permitiría impulsar la exoneración del dictamen y acelerar su debate en el Pleno. Sin esa maniobra, el proyecto quedaría atrapado en los tiempos burocráticos y perdería la ventana política actual.
Capcha lo resume sin rodeos: “Si no aprovechamos esta correlación de fuerzas ahora, no habrá otra oportunidad similar”.
El candado contra peajes impagables
El texto del dictamen incluye un mecanismo clave para evitar que el proyecto termine en manos privadas bajo condiciones desfavorables.
El artículo 4.4 prohíbe entregar la obra a una Asociación Público-Privada (APP) si no garantiza el mismo plazo de ejecución que el modelo de Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia.
“Solo reestructurar el proyecto como una APP demoraría cinco años más. Con el candado que hemos puesto, esa posibilidad está técnicamente cerrada”, sostiene Capcha.
El proyecto también responde a los antecedentes recientes. En febrero, Provías Nacional resolvió el contrato con PMO Vías tras actos de corrupción admitidos por la empresa Egis en Francia.
El dictamen ley introduce la llamada “Cláusula del 20%”. Si el costo de la obra aumenta más de ese porcentaje, el Ministerio de Transportes y el MEF deben intervenir de inmediato y realizar una evaluación integral.
El objetivo es frenar adendas excesivas y asegurar transparencia total en el uso de recursos.
Aquí el predictamen de la Ley de Financiación de la NCC
Predictamen Ley de Financiamiento de la nueva carretera central by Huanca York Times
