Definitivamente, el Congreso sentenció que no habrá adelanto de elecciones para el 2023. Es más, incluso ni siquiera se vislumbra para el 2024 y lo más probable es que se queden hasta el 2026.
Todo lo que parlaban los congresistas sobre adelanto de elecciones para el 2023, fue simplemente palabrería hueca, pantomima y mentiras que se manejaba con desacuerdos perversos y premeditados, en los cuales se dieron la mano y jugaron un rol protagónico la ultraderecha (FP, RP y Avp) y la ultraizquierda (Perú Libre).
La estocada final para descartar todo adelanto de elecciones fue dada el viernes 3 de febrero, cuando la Comisión de Constitución presidida por el fujimorismo rechazó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que proponía realizar elecciones en octubre del 2023 y que las nuevas autoridades asumirían sus cargos el 1 de enero del 2024.
La votación en esta comisión tuvo la complicidad de la ultraizquierda en el cual Waldemar Cerrón, vergonzosamente, votó en contra de adelantar elecciones. Igual conducta tuvo el acciopopulista Ilich López. En consecuencia para volver hablar en el Congreso sobre adelanto de elecciones se tiene que esperar, ahora, hasta el inicio de la primera legislatura ordinaria 2023-2024 que se iniciará el 27 de julio de este año.
“La estocada final para descartar todo adelanto de elecciones fue el viernes 3 de febrero, cuando la Comisión de Constitución presidida por el fujimorismo rechazó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que proponía realizar elecciones en octubre del 2023”
Cuáles son los intereses por los que no quieren irse estos repudiados congresistas. Para la derecha es seguir gobernando al país en la sombra, cuyo alfil en el Poder Ejecutivo es el primer ministro, Alberto Otárola. También para supervisar y presionar cuando llegue el momento de renovar importantísimos contratos – ley, que tienen que ver con nuestras riquezas naturales, principalmente, relacionados con la gran minería.
Otra razón son las ganancias económicas de los congresistas. Martín Hidalgo, periodista y experto en temas congresales, acaba de publicar un texto llamado “Congresopedia”, donde señala que alrededor de 91 congresistas han aumentado sus ingresos en más del 100 % solo tomando en cuenta su salario. Muy aparte tienen bonos de representación y demás gollerías que reciben.
Por su parte, la secuestrada presidenta Dina Boluarte sonríe disimuladamente, pues los acuerdos del Congreso, también la benefician. Ella sigue soñando con quedarse, igualmente, hasta el 2026. Pues, como se sabe se sigue negando a renunciar.
Mientras tanto, vastos sectores del pueblo permanecen luchando en las calles. La CGTP está convocando a un paro nacional para este 9 de febrero. En tanto regiones como Puno mantienen la huelga indefinida.
Todo indica que el gobierno busca derrotar al movimiento popular con desgaste, cansancio y represión. Se ha impuesto el toque de queda en Puno y declarado en emergencia varias regiones.
Se alzan voces que esto no solo es una crisis política y de gobernabilidad, sino también una honda crisis social y de derechos humanos.
