Junín intenta recuperar el Sistema de Garantías Participativas (SGP), una herramienta que durante más de una década permitió certificar la producción agroecológica de cientos de agricultores familiares, hasta que llegó la pandemia en 2020 y frenó su avance.
En ese norte, instituciones públicas, organizaciones de productores y entidades privadas impulsan la reactivación de este mecanismo frente a la creciente preocupación sobre el uso intensivo de plaguicidas y sus impactos en el valle del Manaro y el país.
Un estudio publicado en abril de este año en la revista científica Nature Health identificó a Junín, Huánuco y Pasco entre las regiones con mayor riesgo de cáncer asociado a la exposición ambiental a mezclas de pesticidas. A ello se suma el Tercer Monitoreo Ciudadano de Residuos de Plaguicidas en Alimentos, que encontró que el 47 % de las muestras analizadas de hortalizas superó los límites máximos permitidos de residuos de agroquímicos.
Menos insumos químicos
Los impulsores de la certificación agroecológica consideran que ese contexto obliga a fortalecer sistemas de producción con menor dependencia de insumos químicos y con mecanismos que permitan a los consumidores identificar alimentos producidos bajo prácticas agroecológicas.
“La pandemia debilitó el funcionamiento del Consejo Regional del SGP y después no hemos podido encontrar los consensos necesarios para reactivarlo nuevamente. Ahora, estamos buscando involucrar a todas las instituciones del sector agrario para hacer funcionar otra vez este consejo”, explicó Ángel Villavicencio Durán, coordinador de proyectos de FOVIDA y secretario técnico del Consejo Regional del Sistema de Garantías Participativas.
Desde el 2025 y hasta el 2021, el sistema certificó a más de 1.400 pequeños productores en Junín como agroecológicos. Sin embargo, el consejo regional dejó de operar porque no logró adecuarse al nuevo reglamento de la Ley de Promoción de la Producción Orgánica, requisito indispensable para obtener nuevamente la autorización de funcionamiento del Senasa y emitir certificaciones.
Un sistema participativo
El Sistema de Garantías Participativas nació como una alternativa a las certificaciones privadas, cuyos costos resultan inaccesibles para la mayoría de agricultores familiares. A diferencia de esos modelos, el SGP funciona mediante un sistema de control social en el que participan productores, consumidores, especialistas, gobiernos locales y entidades públicas, quienes verifican el cumplimiento de las prácticas agroecológicas con visitas de campo y evaluaciones colectivas.
Villavicencio explicó que el 97 % de las unidades agropecuarias del Perú pertenece a la agricultura familiar y este sector produce el 83 % de los alimentos que consumen los peruanos. Por eso, fortalecer la certificación agroecológica significa abrir mejores oportunidades de comercialización para ese sector y generar mayor confianza en los consumidores.
El especialista recordó además que el consumo de plaguicidas en el Perú pasó de 3.577 toneladas en 2005 a 13.479 toneladas en 2020, un incremento de 276 %, según la División de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT).
Recuperar la confianza
“Lo que estamos buscando es brindar confianza a los consumidores de que los alimentos que llegan a las ferias y a otros mercados provienen de una producción agroecológica”, afirmó Villavicencio.
La reactivación del SGP comenzó a discutirse en el II Encuentro Macrorregional Centro de los Consejos Regionales del Sistema de Garantías Participativas, que reunió en Huancayo, este viernes 26 de junio de 2026, a representantes de Junín, Huánuco, Huancavelica y Lima.
Las instituciones acordaron impulsar la reorganización del Consejo Regional del SGP para tramitar nuevamente su reconocimiento ante el Senasa y recuperar la certificación agroecológica en Junín.
