Tras más de 15 años de proceso concursal, la liquidación de Doe Run Perú sigue sin cerrarse. El secretario de Economía de la Asociación de Acreedores Laborales Jubilados de dicha empresa, Edgar Beltrán, denunció que existen pagos desiguales a los acreedores laborales y jubilados que no recibieron ni un sol, pese a la venta de activos, como la mina Cobriza, y la entrega en “dación de pago” de la metalúrgica de La Oroya a un grupo de extrabajadores.
Ante este escenario, el dirigente exigió que se realice una auditoría externa e independiente al proceso de liquidación, especialmente a los años 2022 y 2023, en que se dio la transferencia de los activos de Doe Run Perú, para esclarecer el manejo de los fondos y determinar responsabilidades.
Beltrán sostiene que el proceso vulneró el principio de trato proporcional hacia los acreedores laborales. Mientras algunos extrabajadores cobraron hasta el 75% de sus acreencias, otros recibieron 46%, 25% o nada, en especial jubilados que se retiraron antes de 2014 y que hoy viven mayoritariamente en Huancayo. “No pedimos favores. Pedimos que se revise todo y se diga la verdad con documentos”, afirma.
El reclamo se intensificó tras la venta de la unidad minera Cobriza por 22 millones de dólares en abril del 2022 y la entrega como forma de pago de los activos del complejo metalúrgico de La Oroya a un grupo de 1200 extrabajadores que optaron por reactivar las operaciones de la planta ellos mismos.
Según la asociación, esos recursos no priorizaron el pago de la deuda laboral, pese a su carácter preferente. “El dinero existió, pero no llegó a todos”, insiste el dirigente.
Beltrán también denuncia descuentos irregulares aplicados a los jubilados por conceptos de ONP, AFP y rentas de quinta categoría, pese a que no correspondían. Asegura que esos montos no figuran declarados ante la SUNAT, lo que refuerza la exigencia de una auditoría que identifique el destino de esos recursos.
La asociación apunta a la gestión de la empresa liquidadora Consultores A-1 en el 2022 y 2023, periodo en el que —según sostiene— no se respetó el convenio concursal firmado en marzo de 2022 y se realizaron operaciones cuestionadas. “Si todo se hizo bien, la auditoría lo confirmará. Si no, deben existir sanciones”, remarca Beltrán.
Ahora, tras la designación de un nuevo liquidador, Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C., el dirigente remarcó la importancia de esta auditoría. Beltrán detalló que los acreedores laborales necesitan información clara y un cronograma que permita cerrar el proceso de liquidación con criterios equitativos.
Recordemos que en 2009 Doe Run Perú se declaró en insolvencia e inició un proceso de reestructuración en el Indecopi. En 2010, entró a un proceso de liquidación en marcha y años después, en liquidación simple.
En el proceso, la Junta de Acreedores reconoció una deuda de alrededor de 35 millones de dólares a alrededor de 3 500 trabajadores, quienes se constituyeron en acreedores laborales. Con el tiempo, el valor de esta deuda creció a 150 millones de dólares.
El proceso de liquidación incluyó dos hitos centrales. En julio de 2022, la empresa liquidadora vendió la mina Cobriza, en Huancavelica, por US$ 22 millones. Luego, ante la imposibilidad de vender el Complejo Metalúrgico de La Oroya a un tercero que asumiera los pasivos ambientales, la Junta de Acreedores optó por la figura de la adjudicación en pago. Bajo este mecanismo, un grupo de 1200 trabajadores aceptó los activos del complejo como forma de cancelación de su deuda.
Pero, como Beltrán recuerda, hubo trabajadores que no optaron por este mecanismo de recibir el complejo metalúrgico como forma de pago. La transferencia formal del complejo ocurrió el 17 de octubre de 2023.
