El gerente regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín (Gore Junín), Rony Paolo Vejarano Pérez, es investigado por el presunto delito de negociación incompatible en el proceso de adquisición de 22 volquetes para la entidad. El funcionario continúa en el cargo y mantiene actividad política como uno de los cuadros visibles de la alianza Fuerza y Libertad, desde donde es mencionado como precandidato a la alcaldía de Huancayo.
El caso fue formalizado en octubre del año pasado ante el Poder Judicial, luego de que la Contraloría General de la República advirtiera irregularidades en el proceso desde marzo de 2024. El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín investiga a doce personas, entre funcionarios del Gore Junín, un “experto independiente” y representantes de Volvo Perú S.A., por la licitación N° 11-2023-GRJ-CS-1, que habría generado un perjuicio patrimonial de unos 22 millones de soles al Estado. La fiscalía atribuye a los implicados presuntos delitos de colusión agravada y colusión simple, vinculados a la licitación, adjudicación, recepción y pago de los camiones. Todos afrontan el proceso bajo comparecencia simple, con un plazo inicial de investigación hasta junio de 2026.
Entrega incompleta
Según la imputación fiscal, Vejarano Pérez habría intervenido indebidamente en la ejecución del contrato N.° 112-2023/GRJ/ORAF, al tramitar el pago a favor de Volvo Perú S.A. por S/ 18.5 millones, pese a que en diciembre de 2023 la entrega de los volquetes no se había completado.
La formalización de la investigación se sustenta en informes de la Contraloría y en documentación interna del propio Gore Junín, que cuestionan tanto la adjudicación del proceso como la posterior recepción de los vehículos.
Un proceso observado desde el inicio
El 2 de agosto de 2023, la Gerencia de Infraestructura aprobó la actualización de las especificaciones técnicas para la compra de 48 volquetes. Posteriormente, la indagación de mercado se realizó con un número limitado de proveedores.
Durante ese proceso, Volvo Perú S.A. presentó observaciones técnicas que fueron incorporadas parcialmente a las bases, sin que se realizara una nueva indagación de mercado pese a los cambios introducidos. En octubre de 2023 se presentaron dos postores, Diveimport S.A. y Volvo.
Diveimport ofertó 48 camiones por un monto menor, pero fue excluida por un error técnico que, según la Fiscalía, era subsanable. Finalmente, el comité de selección otorgó la buena pro a Volvo, que ofreció solo 22 unidades, además de un plan de mantenimiento que no alcanzaba lo exigido en las bases.
Recepción cuestionada
El contrato con Volvo fue suscrito el 20 de noviembre de 2023 sin incluir la garantía por prestaciones accesorias. Un mes después, el 22 de diciembre, el comité de recepción firmó el acta dando conformidad a la entrega total de los 22 volquetes.
Sin embargo, documentos de traslado y un informe del área de almacén indican que dos vehículos llegaron recién el 26 de diciembre, es decir, después de la fecha consignada en el acta. Aun así, el trámite de pagos se activó y, entre enero y marzo de 2024, se giraron 66 comprobantes de pago por el monto total del contrato.
Quiénes son los investigados
Además de Vejarano Pérez, la Fiscalía Anticorrupción investiga a once personas por su participación directa en el proceso de contratación, evaluación, recepción y pago de los volquetes.
Entre los investigados figura Luis Alberto Olivera Ruiz, experto independiente designado como presidente del Comité de Selección; así como los funcionarios del Gore Junín Miguel Einer Núñez Almonacid y Pedro Abel Condor Canchanya, miembros del comité; Pabel Camayo Cerrón, subgerente de Obras y responsable del área usuaria; Franco Javier Pineda de la Cruz, subgerente de Supervisión y Liquidación; José Arturo Vila de la Cruz, supervisor del proyecto; Sandy Magaly Chacón Santiago, coordinadora de Almacén; y María Elena Yactayo Quintanilla, subdirectora de Gestión Patrimonial (e).
En el ámbito privado, la investigación alcanza a Diego Hugo Bances Ballón, representante legal de Volvo Perú S.A.; Eduardo Jesús Manchego Vásquez, apoderado de la empresa para licitaciones; y Richard Harrison Galoc Huaringa, representante de la firma durante la recepción de los vehículos.
Según la tesis fiscal, los investigados habrían actuado de manera concertada para favorecer a un proveedor específico, validando una oferta que no cumplía con las bases y firmando actas de recepción pese a la entrega incompleta de los bienes.
Por estos hechos, la Fiscalía imputa colusión agravada y colusión simple a los integrantes del comité, funcionarios y representantes de la empresa, mientras que Vejarano Pérez es investigado por negociación incompatible.
Escenario político
La investigación se extenderá hasta el 16 de junio, justo cuando la campaña por las elecciones municipales y regionales empiece a calentarse. En política, claro, no existen malos candidatos, solo aspirantes con mala suerte… y, a veces, con problemas judiciales. En ese contexto, la acusación fiscal podría convertirse en un “detalle” bastante incómodo para Vejarano Pérez y para la alianza Fuerza y Libertad.
