Por la soberanía popular: el pueblo en las calles a luchar

Frente a un gobierno ilegítimo y un Congreso mafioso, la protesta social emerge como un acto de dignidad y resistencia. El pueblo vuelve a tomar las calles para defender la soberanía que le pertenece.
Las calles son nuestras
Amire Ortiz
Amire Ortiz
amire.ortiz.arica@gmail.com
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El Perú vive tiempos oscuros y esto no es novedad. La democracia, en teoría un sistema donde la ciudadanía gobierna a través de sus representantes, ha sido secuestrada por un pacto mafioso y criminal de conveniencias entre el Ejecutivo de Dina Boluarte y un Congreso que solo legisla para blindarse. Ambos poderes han perdido legitimidad: la dictadora gobierna de espaldas al pueblo, sostenida únicamente por un Congreso con índices de desaprobación históricos, y este último opera como un cartel criminal al servicio de intereses particulares, más que como un espacio de representación nacional.

En este escenario, la protesta social se vuelve un arma ciudadana, legítima y necesaria. El secuestro de las instituciones por la mafia enquistada en el Estado requiere la movilización social como una herramienta para el rescate de nuestra patria.

La ciudadanía movilizada es históricamente la fuerza más grande que ha podido, incluso, derribar monarquías y dar el giro a la historia para que los derechos sean reconocidos. Sin embargo, sabemos que la represión y el estigma que se gesta sobre quienes deciden tomar el espacio público estará presente, lo cual es comprensible debido a que quienes pretenden someter al pueblo saben que la lucha en las calles es el único espacio realmente poderoso para que la gente resista.

 

“La calle es el verdadero espacio de poder, en donde la indignación debe convertirse en esa voz política, motor de la transformación social”

 

La protesta social no es una opción: es un deber. Quienes hoy salen a las calles no son “violentistas”, “terrucos”, “criminales” ni toda aquella etiqueta que pretende asignarse desde el poder hegemónico. En estos días las calles tienen como protagonistas a peruanos y peruanas cargados de amplia indignación que se niegan a seguir arrodillados ante un sistema podrido que mata para silenciar y reprime para blindarse.

La verdadera violencia es la que se ejerce desde Palacio y el Congreso, esa violencia que roba recursos públicos, manipula leyes, blinda a corruptos y delincuentes y reprime al pueblo cuando se rebela. La insatisfacción social es profunda y real. Miles de peruanos y peruanas sienten que no tienen Gobierno ni Congreso, sino un aparato que trabaja para perpetuar la corrupción, ignorar y alimentar la criminalidad, garantizar impunidad y acallar a quienes se oponen. El dolor por las vidas arrebatadas en las protestas del 2022 y 2023, víctimas de la represión estatal, sigue abierto y desnuda la verdad incómoda de que el gobierno no duda en usar la violencia sanguinaria contra su pueblo para proteger privilegios.

El avance logrado en estos últimos días es muy valioso. Por fin la Lima indiferente parece comprender lo que el sur venía señalando desde hace casi tres años, y aunque el contexto es distinto, veamos en esta acción social una oportunidad para por lo menos intentar reorientar el rumbo político, más aún, de cara a un proceso electoral que ha sido rediseñado para satisfacer a la mafia. 

 

“La movilización social es una necesidad, es la manifestación de dignidad y es recordarle a la mafia que la soberanía está en el pueblo y no en las y los delincuentes que hoy quieren cargarse con el país”

 

 

El Perú no puede normalizar la impunidad ni resignarse a la putrefacta clase política que reprime a un adulto mayor que protesta en las calles mientras cobija a un delincuente de rango internacional. La protesta social, lejos de ser un problema, es la ventana de oportunidad que se gesta para cautelar la poca democracia que nos queda.

Tomemos el poder que nos corresponde, el fujimorismo, que nunca se fue, sigue operando como una mafia política, colocando sus peones en los poderes del Estado. César Acuña y su maquinaria mafiosa son otro rostro de la podredumbre, un poder que se compra y se vende, dispuesto a sostener a cualquier gobierno ilegítimo si a cambio recibe el camino habilitante para continuar produciendo plata como cancha.

El Perú merece dignidad, justicia y un futuro sostenible, el mismo que no llegará por concesión del poder mientras tomamos café, sino que llegará por la fuerza de un pueblo organizado que persiste y resiste.

Las calles son nuestras.