Las comunidades Asháninkas de la cuenca del río Ene rechazaron de manera categórica el Proyecto de Ley N° 10349-2024, presentado por el congresista Waldemar Cerrón Rojas, de la bancada de Perú Libre, que busca reactivar la Central Hidroeléctrica Pakitzapango en Satipo. Las comunidades denuncian que el proyecto amenaza su supervivencia, su territorio ancestral y su cultura, y exigen su retiro inmediato.
El proyecto, presentado el 26 de febrero de 2025, pretende declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción de la hidroeléctrica en la provincia de Satipo, región Junín. Sin embargo, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) asegura que no fueron consultados ni informados sobre la iniciativa, lo que viola el derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la legislación nacional.
Impacto en el territorio, la cultura y derechos
La construcción de la represa de Pakitzapango generaría una inundación de aproximadamente 95 kilómetros aguas arriba del río Ene, afectando directamente a 45 comunidades asháninkas, entre ellas Potsoteni, Meteni, Saniveni, Quiteni, Cutivireni, Camantavishi, Quempiri y Quimaropitari que forman parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka y del Parque Nacional Otishi, áreas de alto valor ecológico y cultural.
CARE denunció que la inundación obligaría a las comunidades a desplazarse nuevamente, recordando que ya sufrieron desplazamientos forzados durante la violencia política de los años 80 y 90. Además, la represa destruiría lugares sagrados y cementerios ancestrales, lo que representa un golpe profundo a su identidad cultural y espiritual.
Las comunidades asháninkas exigen que se respete su derecho a la consulta previa, establecido en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
CARE recuerda que en 2008, el Ministerio de Energía y Minas otorgó una concesión temporal a la empresa Pakitzapango Energía S.A.C. sin consultar a las comunidades, lo que consideran un acto ilegal y arbitrario.
“Este proyecto amenaza nuestro territorio, nuestra existencia como pueblo. No permitiremos que se nos imponga una decisión que nos afecta directamente sin nuestro consentimiento”, señaló la CARE.
Manipulación de las necesidades locales
Aunque Waldemar Cerrón presenta su proyecto como una alternativa de energía renovable, CARE argumenta que la construcción de la represa generaría graves daños ambientales, incluyendo la inundación de ecosistemas estratégicos y la pérdida de biodiversidad. Además, señala que el proyecto no contribuye a la protección de los recursos naturales ni a la mejora de la calidad de vida de la población local, sino que pone en peligro su forma de vida y su entorno.
CARE denunció también que el proyecto de ley utiliza la falta de electrificación en las instituciones educativas de la selva central como justificación para la construcción de la represa, lo que consideran una manipulación inaceptable de sus legítimas demandas.
“La solución no pasa por inundar nuestro territorio y desplazar comunidades, sino por inversiones responsables y respetuosas que garanticen el derecho a la educación sin comprometer nuestros derechos”, señaló la organización indígena.
El TC falló a favor de las comunidades en 2011
Ante la falta de consulta, CARE presentó una acción de amparo contra la concesión de 2008 a la empresa Pakitzapango Energía S.A.C. En 2011, el Tribunal Constitucional falló a favor de las comunidades asháninkas y ordenó suspender la concesión.
Tras esta decisión, el gobierno de Ollanta Humala dejó sin efecto la concesión en 2012. Al año siguiente, CARE llevó el caso ante foros internacionales, alertando sobre el peligro que representaba Pakitzapango para sus territorios ancestrales y los ecosistemas protegidos.
A pesar del rechazo de las comunidades, el proyecto hidroeléctrico fue incluido en la planificación energética del país en 2015. Diversos sectores políticos y empresariales intentaron reactivarlo en los últimos años.
