La minería ilegal ha crecido en el territorio nacional en las últimas dos décadas, está presente en todas las regiones del Perú, pero no se cuenta con las herramientas adecuadas para cuantificarla ni políticas públicas eficaces para erradicarla. Por ejemplo, según un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, esta actividad ilícita ha afectado el área de 32 distritos pertenecientes a las cinco regiones amazónicas del país.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú, exige al Estado la anulación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por ser deficiente y no haber logrado frenar la minería ilegal, siendo por el contrario, una puerta abierta a la depredación de la Amazonía y la contaminación ambiental.
Durante el tercer encuentro AIDESEP- Autonomías Territoriales en defensa de la Amazonía ante el infierno minero, el líder del gobierno territorial autónomo de la nación Sahwi, Clauber Tangoa, indicó que el REINFO solo ha servido para encubrir a los mineros ilegales. Es importante señalar que, se debe desligar las actividades de la minería artesanal o informal de los impactos de la minería ilegal, pues esta última explora, extrae y explota los recursos minerales incumpliendo las exigencias administrativas, técnicas, sociales o ambientales que precisa la ley.
Minería ilegal no es lo mismo que minería informal
La minería ilegal no solo genera depredación de nuestros bosques, pérdida de biodiversidad, trata de personas, afectación de las fuentes de agua, contaminación por mercurio y daños a la salud pública, sino también se relaciona con organizaciones criminales nacionales e internacionales para cometer otros delitos como el lavado de activos, siendo una amenaza para el estado de derecho y la paz social que necesita el país para su crecimiento y desarrollo.
Elsa Galarza, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y ex ministra de ambiente, precisa que “desde hace mucho tiempo se ha querido confundir lo que es minería artesanal informal con lo que constituye una actividad minera ilegal”. Para Galarza la minería ilegal no puede ni debe ser formalizada porque realiza actividades en áreas prohibidas como lechos de río o en áreas naturales protegidas, además de utilizar insumos prohibidos.
Normas que fomentan corrupción e impunidad
“Lo que está ocurriendo con la minería ilegal es un claro ejemplo de cómo no tener políticas públicas basadas en estrategias claras, que deben ser multisectoriales y a multinivel. No solo no ha permitido dar solución al problema, sino que ha promovido su expansión tanto territorial como de poder político”, resaltó Galarza.
La exministra precisa también que las políticas públicas aisladas como el REINFO han demostrado ser inefectivas, pero se insiste en ellas sin una clara estrategia de solución. Advierte finalmente que recientes normas legales están debilitando la acción de las autoridades y la corrupción ha encontrado terreno fértil para actuar con impunidad.
¿Cómo va el REINFO en la Región Junín?
Por su lado, el director regional de energía y minas, Rodolfo Cano Andrade, señala que se tiene un aproximado del 70% de mineros artesanales formalizados, mientras que el 30% son informales.
“Dentro de la región no tenemos una gran proporción de minería como otras regiones y, de las que tenemos, algunos se encuentran en la informalidad; estas son algo difíciles de encontrarlos pues la acción de su trabajo es de un día a tres y cuando nosotros ingresamos a la supervisión ya no los encontramos”, explicó.
Cano reveló que las inspecciones han logrado captar la formalización de cinco mineras artesanales informales, esperando llegar a ocho al término del año. Por ello, exhorta a este sector minero a continuar con su formalización.
