El principal fundamento del juez Leodan Cristóbal Ayala, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, para postergar la audiencia que debía evaluar la variación de libertad con comparecencia a 18 meses de prisión preventiva por el caso Antalsis, fue que Vladimir Cerrón no está detenido ni cumple cárcel, sino que está prófugo y, por lo tanto, no existe urgencia en resolver el pedido de la Fiscalía.
El juez Cristóbal decidió así porque los abogados de Vladimir Cerrón presentaron un recurso de recusación en su contra, es decir, cuestionaron su neutralidad debido a que en otras causas resolvió de manera desfavorable para el líder prófugo de Perú Libre.
“No se puede dejar de administrar justicia sobre la libertad de alguien que se encuentra en prisión y depende de esa decisión para que recobre su libertad, o tampoco sobre la privación de libertad de alguien que se encuentra en ciernes en condición de detenido. Pero en el caso concreto, se trata del investigado Vladimir Cerrón Rojas, quien no se encuentra ni en prisión y tampoco en condición de detenido. Por tanto, no hay urgencia de resolver sobre el requerimiento de privación de libertad”, argumentó el magistrado.
Retomar la audiencia dependerá ahora de que la Sala de Apelaciones resuelva la recusación contra el juez Leodan Cristóbal. Si la sala le da la razón a los abogados de Vladimir Cerrón, será otro juzgado que vea el pedido prisión preventiva hecho por la Fiscalía.
El caso Antalsis
La Fiscalía sindica a Vladimir Cerrón de haber cometido gestiones ilícitas en su calidad de gobernador de Junín (2011-2014) para las licitaciones de las obras del “Puente Eternidad”, construido en el río Cunas, entre Huancayo y Chupaca, y el “puente Comuneros”, en el río Mantaro, entre Huancayo (barrio Auquimarca, en Chilca) y Huamancaca Chico.
Dichas gestiones ilícitas tienen que ver con el convenio que realizó el Gobierno Regional de Junín y la empresa Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA) para la construcción de ambos puentes, y la tercerización, una vez firmado el contrato, con la empresa Antalsis, vinculado a Martín Belaúnde (exasesor de Ollanta Humala), presunto financista de la primera campaña de Vladimir Cerrón hacia el gobierno regional.
