El impacto político que tendrá la llamada “Tercera Toma de Lima”, que se realizará este miércoles 19 de julio, es una incógnita. Si bien la marcha se centrará en la ciudad capital, también se organizan movilizaciones en diversas regiones del país, principalmente en el sur.
El derecho a la protesta es un instrumento legítimo, democrático y constitucional. La protesta popular no es violentista ni anárquica. Son los infiltrados ya sean de la derecha, de los mismos aparatos del Estado y hasta de la ultraizquierda los que desatan violencia.
Como lo difunden sus mentores, las exigencias de esta movilización social son tres:
- La inmediata renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
- Que el Congreso, de acuerdo a la Constitución, convoque a nuevas Elecciones Generales lo cual supone también que estos repudiados congresistas se vayan a su casa.
- La realización de un referéndum para que el pueblo peruano se pronuncie soberanamente sobre la necesidad de establecer una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución.
Así como hay gremios laborales y un vasto sector del pueblo que manifiesta su apoyo a la “Tercera Toma de Lima”, existen otros sectores, principalmente, empresariales, como del comercio y el turismo que se pronuncian en contra.
En el plano político es curioso que la ultraizquierda representada por Perú Libre no se haya pronunciado sobre si apoya o está en contra de esta movilización del 19 de julio. Demostrando con ello su oportunismo, mezquindad y no perder la mamadera de la que gozan en el Congreso.
Por el lado del Gobierno, la situación es tensa y realiza acciones claramente intimidatorias contra el derecho a la protesta.
Así, considerando que el país se encuentra en estado de emergencia, el Gobierno de Dina Boluarte ha subrayado que mantendrá un control minucioso de las carreteras, ante la presencia de manifestantes del interior del país que se dirigen a Lima.
Con el pretexto de ensayos por Fiestas Patrias, el Gobierno saca los tanques y los pasea por las calles de la Capital.
En vísperas de la anunciada protesta, el Gobierno decide comprar municiones por más de 12 millones de soles.
Después de una reunión del Consejo de Estado, el premier Alberto Otárola declara confusamente, “invocamos a las autoridades a hacer uso legítimo de la fuerza”.
Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, destaca que 24 mil policías garantizarán la seguridad de las personas y que existe un plan bien estructurado para contrarrestar cualquier acto de vandalismo.
