La comunera Yolanda Enriquez Vargas, de 58 años, quien viajó desde su natal Yauli, en Huancavelica, fue humillada por la Policía durante el allanamiento al campus de la universidad San Marcos. Quisieron callarla, pero hoy su voz hace eco y este es su valiente testimonio.
El último domingo fueron liberados 192 ciudadanos quienes fueron intervenidos por centenares de policías que ingresaron por la fuerza a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; un despliegue que dio como resultado solo un detenido por requisitoria.
La arbitrariedad de la operación policial se reflejó en que entre los detenidos había una mujer embarazada, una madre con su hija de 8 años y varios adultos mayores quienes fueron trasladados a las sedes de la Dircote y Dirincri.
Jennie Dador Tozzini, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), declaró que hubo tocamientos indebidos contra algunas detenidas.
Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida por Huanca York Times (@huanca.york.times)
Una de las mujeres intervenidas, Yolanda Enriquez Vargas (58), procedente de Huancavelica, indicó que fueron sorprendidos cuando algunos tomaban su desayuno y estaban por bañarse; además de ser tratados con violencia, fueron discriminados. “Cállese, chola de m…”, recuerda que le dijeron.
Según Dador Tozzini, la intervención contó con la participación de al rededor de 600 policías, cantidad cuestionable para la magnitud del operatico y resultado conseguido: “No puedes intervenir a 193 personas para que te quedes con un detenido”.
El Ministerio Público informó que de tres personas vinculadas a la presunta comisión del delito de afiliación a una organización terrorista, dos fueron puestas en libertad y una se encuentra en calidad de citado mientras se continúen con las investigaciones.
El titular del ministerio del Interior, Vicente Romero Fernández, indicó que entre los intervenidos se encontraron ondas, huaracas y piedras. Para la CNDDHH las pruebas que hallaron “a nadie les consta, pues se realizó sin presencia de la fiscalía, ni abogados” quienes intentaron ingresar para dar asesoramiento a los residentes y alojados en la casa de estudios y no se lo permitieron.