La señora Carolina Ubaldo Lazo tiene 70 años de edad. Treinta de ellos se las ha pasado buscando a su hijo Ángel Zanabria Ubaldo, desde que el 17 febrero de 1992 desapareció del anexo de Suitucancha, perteneciente a la comunidad de Paccha, en el distrito de El Tambo (Huancayo), junto a otros nueve jóvenes, entre ellos tres menores de edad.
El hijo de Carolina tenía 16 años al momento de su desaparición.
Treinta años después de los hechos, ella y los familiares de las otras víctimas acudieron al paraje Pachachime, del anexo de Siusa, en las alturas del distrito de Ingenio, a presenciar la diligencia de recuperación de restos de sus seres queridos de una fosa común; que son parte de una investigación penal que lleva adelante el fiscal Oliver Felices Prado, titular de la Fiscalía Penal Supraprovincial Transitoria Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y en Delitos de Terrorismo de Junín.
Las acciones para la exhumación se realizan desde el lunes último. El martes, los expertos verificaron que no haya presencia de gases tóxicos en la fosa o sitio de entierro, que es una falla geológica en la montaña [un hoyo natural], que los victimarios usaron para arrojar los cuerpos de sus víctimas.
Este miércoles, el perito arqueólogo Aldo Lara Guerra, del Equipo Forense Especializado del Ministerio Público, recuperó los primeros restos óseos, que extrajo de la fosa con la ayuda del ingeniero de minas José López Seiko, de la Dirección Regional de Energía y Minas, y de policías del Escuadrón de Emergencia, quienes usaron baldes, poleas, sogas y un generador de energía para iluminar el fondo de la fosa.
Todo bajo la mirada expectante de los familiares de las víctimas.
Caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Una petición de la Asociación ProDerechos Humanos (Aprodeh) presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1992, indica que “las 10 víctimas fueron capturadas el 27 de febrero de 1992 -y posteriormente desaparecidas- por un grupo de aproximadamente 30 ronderos de los Comités de Defensa Civil de la Base de Rangra – Concepción”.
La desaparición de los comuneros de Paccha está comprendida en el informe N° 101/01 de la CIDH, del 11 de octubre de 2001, en la cual acumula 25 pedidos que involucran a 119 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de personas en el periodo de la violencia política que azotó al Perú entre los años 1980 al 2000.
Los comuneros extraídos de sus viviendas de Paccha son:
- Apolonio Lazo Rodas, de 25 años de edad
- Hermilio Borja Ríos, de 25 años de edad,
- Fredy Gaspar Ríos, de 22 años de edad,
- César Sánchez Castro, de 25 años,
- José Muñoz Huallpa, de 18 años de edad,
- Ernesto Salomé Bravo, de 27 años de edad,
- Jesús Pomahuali Salomé, de 40 años de edad,
- Gumercindo Ubaldo Zanabria, de 16 años de edad,
- Ángel Zanabria Ubaldo, de 16 años de edad,
- Percy Borja Gaspar, de 14 años de edad,
“… a quienes golpearon, detuvieron y luego desaparecieron”, relata en su informe la CIDH.
Con el reinicio de la diligencia de exhumación de restos, pues en 2017 las autoridades hallaron en la zona un cráneo, la verdad de lo que pasó con los 10 comuneros se abre paso, 30 años después.
Casi tres mil desaparecidos en Junín
De acuerdo con la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Ministerio de Justicia, en el Perú hay 21 918 personas desaparecidas, a causa del conflicto interno, cuyos restos estarían en aproximadamente 15 mil sitios de entierro o fosas comunes.
De ellos, en la región Junín hay 2 790 casos de desaparición forzada.
En el caso de los comuneros de Paccha, dicha Dirección del Ministerio de Justicia se encarga de brindar el acompañamiento psicosocial a los familiares, con enfoque humanitario.
