El proceso de migración venezolana ha sido un evento que ha llamado mucho la atención de la población peruana, debido a que nunca en nuestra historia hemos tenido la oportunidad de acoger a un grupo tan numeroso de personas de otro país, mucho menos en la forma en cómo sucedieron las cosas. Sin embargo, es necesario que tengamos una conducta responsable, y sobre todo solidaria.
Las migraciones son procesos que siempre han existido en la historia de la humanidad y eso ha construido a nuestra sociedad. Esto sucede por diversas razones, pero generalmente se debe a eventos violentos como desastres socionaturales, guerras, conflictos políticos y crisis económicas. Por esta razón, los países de acogida deben de prestarle mucha atención a las personas que llegan a sus territorios, ya que son vulnerables y con muchos riesgos, como, por ejemplo, enfermar y carecer de una buena calidad de vida.
Es difícil de comprender cuando vivimos en un país con tantas inequidades y con tantos derechos fundamentales sin gozarlos. Uno de ellos, el derecho a la salud, y por eso es muy complicado hablar de un aseguramiento a todas las personas migrantes y refugiadas, cuando una gran cantidad de población de nuestro país no goza de acceso a los servicios de salud y mucho menos con un seguro que cubra sus necesidades.
La gran mayoría de la población peruana cubre sus gastos de salud con el dinero de su propio bolsillo, inclusive quienes tienen algún tipo de seguro de salud.
“Es tan complicado hablar de un aseguramiento a las personas migrantes y refugiadas, cuando una gran cantidad de población de nuestro país no goza de acceso a los servicios de salud”
Eso no significa que no se hagan esfuerzos para que esta población sea atendida. Al contrario, esta situación nos debería poner en el escenario de que debemos cumplir con demandas que todavía son un discurso: el aseguramiento universal. Estamos aún en plena pandemia, sanando las heridas por las pérdidas de nuestros seres queridos que se han ido en circunstancias más trágicas, sufriendo la angustia más grande de morir por falta de oxígeno. Eso nos debería hacer reflexionar de lo urgente que es reformar el sistema de salud que no responde a nuestras necesidades.
La población venezolana ha recibido algunas medidas, realmente muy pocas, pero que de alguna manera han aliviado la necesidad. Sin embargo, para una población que como ellos contaba con un sistema de aseguramiento mucho más inclusivo es difícil entender el nuestro. Gracias a la sensibilidad de algunos funcionarios se pudo implementar el aseguramiento por SIS para niñas y niños menores de 5 años, gestantes y afectados por COVID-19, a toda persona migrante y refugiada independientemente de su condición migratoria. Eso quiere decir que no era necesario que el carnet de extranjería o algo parecido. Asimismo, han sido protegidos por algunas estrategias como las de tuberculosis, VIH, y sobre todo la vacunación contra la COVID-19, la que más llamó la atención.
Lamentablemente estas medidas continúan siendo insuficientes y se han implementado más por la buena voluntad de algunas personas, pero no como una política de gobierno. Hemos visto cómo se implementaron medidas de cierre de fronteras, que lo único que originaron fue un escenario de mayor riesgo, exposición de las personas al peligro, como la trata de mujeres para explotación sexual, una de las más críticas; y la más elemental que es anular una gran posibilidad de evaluar la cantidad de personas y las circunstancias en las que ingresan, para prever los recursos que se necesitarán, inclusive un tamizaje de enfermedades que requerían de atención, algo que parece tan lógico, pero que sin embargo no se pudo ejecutar, gracias a la falta grave de las autoridades que incumplieron con un principio básico de derechos humanos.
En ese mismo sentido, las últimas medidas que el Congreso pretende implementar nuevamente ponen en riesgo a la población migrante y refugiada venezolana, porque no solo es discriminatoria, sino que es ignorante de todo aquello que se debe de hacer como país de acogida, dese la base fundamental que tenemos que saber, las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en nuestro territorio no son ajenas a esta tierra, ya son parte de nuestro país.
Lo que el gobierno debería estar pensando es implementar es la inclusión en el sistema; dentro del sistema de salud y educación, algo inherente a la persona humana, y al sistema laboral, ya que hablamos de un gran grupo de personas en edad económicamente activa, con oficios y profesiones que el país necesita para crecer; una fuerza que contribuye con el sistema, que no está de paso: Ha venido a quedarse.
Las autoridades no deberían de reforzar las actitudes de discriminación. Deberían impulsar la inclusión desde lo más profundo, sobre todo este gobierno que se hace llamar del pueblo. ¿No se supone que el sueño de esta izquierda es fortalecer la patria grande? Esta es la gran oportunidad.
