Hace unos días volvió a ponerse en agenda la viabilidad del proyecto minero Coroccohuayco, una iniciativa pensada desde hace más de una década y que busca ampliar y extender la vida útil de una operación minera iniciada en los años 80. A lo largo del tiempo, el proyecto pasó por distintas administraciones: BHP Billiton, Xstrata Tintaya y actualmente Glencore.
En medio de este escenario, el gerente general de la Compañía Minera Antapaccay declaró recientemente: “Este proyecto es la mayor oportunidad de desarrollo para la región y para Glencore en el Perú. No solo duplicaremos la producción, sino que lo haremos con un enfoque moderno, eficiente y ambientalmente responsable[1]”.
Sin embargo, mientras el discurso empresarial insiste en el desarrollo y la modernidad, en la provincia de Espinar han comenzado a intensificarse las preocupaciones sociales y ambientales. Entre el 25 y 27 de mayo surgieron posiciones de rechazo por parte del distrito de Pallpata, defensores de la cuenca Salado[2] y comunidades originarias[3] que cuestionan no solo los posibles impactos ambientales del proyecto, sino también la forma en que se viene evaluando técnicamente su viabilidad[4].
Un proyecto que no empieza desde cero
Para comprender el conflicto actual es importante recordar que Coroccohuayco no es un proyecto aislado ni nuevo. Se trata de una ampliación e integración de operaciones ya existentes dentro de la Unidad Minera Antapaccay – Tintaya. En otras palabras, el proyecto se desarrolla sobre un territorio que arrastra décadas de actividad minera, presión ambiental y conflictividad social acumulada.
En diciembre del 2019, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) aprobó la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) mediante la resolución directoral 00196-2019-SENACE-PE/DEAR. Posteriormente, la empresa presentó dos informes técnicos sustentatorios (ITS) en 2022 y 2024, respectivamente.
Finalmente, en diciembre del 2024, Antapaccay presentó una Segunda Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental detallado, la cual fue nuevamente aprobada por SENACE el 20 de mayo del 2026, mediante resolución directoral 00079-2026-SENACE-PE/DEAR.
Con ello, el procedimiento administrativo quedó formalmente cerrado y se consolidó la viabilidad técnico-ambiental de un proyecto que busca permanecer al menos dos décadas más en Espinar.
Participación ciudadana con alcance limitado
Entre 2019 y 2025, el proceso de participación ciudadana convocado por SENACE fue altamente activo. Comunidades, organizaciones sociales y especialistas presentaron múltiples informes técnicos con observaciones relacionadas a impactos ambientales, salud humana, recurso hídrico y delimitación de áreas de influencia.
Sin embargo, el problema de fondo es que la participación ciudadana dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental continúa teniendo un alcance limitado. Aunque existe un enorme esfuerzo económico, técnico y humano por parte de las comunidades para revisar expedientes altamente especializados, muchas de las observaciones terminan funcionando únicamente como mecanismos de registro documental y no como herramientas realmente capaces de modificar decisiones estructurales dentro del proceso de evaluación ambiental.
Espinar no es una provincia que rechaza la minería por capricho. Es un territorio que, desde hace décadas, exige algo mucho más básico: una convivencia que respete la vida, el agua, la salud y los derechos de las comunidades. Sin embargo, pareciera que ni la empresa minera ni el propio Estado peruano han entendido que la prevención ambiental y el respeto territorial son la principal herramienta para evitar conflictos sociales.
Cuando las preocupaciones de las comunidades son tratadas como obstáculos administrativos y no como alertas legítimas, la crisis termina creciendo. Y entonces ocurre lo de siempre: las medidas correctivas, las mesas de diálogo y las respuestas tardías terminan siendo más costosas, más desgastantes y más dañinas que la prevención que pudo haberse asumido desde un inicio.
El 20 de junio de 2025, SENACE emitió el Informe Técnico 00233-2025-SENACE-PE/DEAR-UFM, identificando 290 observaciones a la Segunda MEIA y ordenando a la empresa actualizar información en el expediente, el resumen ejecutivo y la matriz de respuestas.
No obstante, las respuestas presentadas por la empresa frente a observaciones ciudadanas e institucionales mostraron, en muchos casos, una lógica evasiva, parcial e insuficiente. Más que responder de manera sustantiva a las preocupaciones planteadas, el proceso pareció orientarse principalmente al cumplimiento formal de requisitos administrativos.
El Área de Influencia Directa: entre la subjetividad y el análisis numérico
Uno de los puntos más sensibles del conflicto gira en torno a la exclusión del distrito de Pallpata y sus comunidades como Área de Influencia Directa Ambiental y Social.
En julio del 2025, Antapaccay volvió a presentar la Segunda MEIA sin incorporar al distrito de Pallpata dentro de los espacios de socialización ni dentro de las delimitaciones oficiales de influencia directa. Esto ocurrió pese a las observaciones técnicas que cuestionaban precisamente la insuficiencia del análisis territorial y ambiental realizado por la empresa.
Aquí aparece una de las mayores contradicciones del proceso: mientras las comunidades cuestionan la incertidumbre ambiental y la conectividad territorial existente en la zona, la delimitación de impactos continúa dependiendo principalmente de modelamientos matemáticos y análisis numéricos presentados como técnicamente concluyentes.
Sin embargo, los ecosistemas no entienden de límites administrativos ni de polígonos de conveniencia. Los ríos, quebradas, ecosistemas y dinámicas ambientales mantienen conexiones mucho más complejas que las delimitaciones establecidas en un expediente técnico.
Las comunidades originarias y las poblaciones cercanas al proyecto tampoco cuestionan estos procesos únicamente desde la percepción o el temor. Existe una memoria territorial construida tras décadas de convivencia con la actividad minera y, sobre todo, de experiencias concretas donde los propios instrumentos técnicos no lograron prever adecuadamente los impactos ambientales reales.
Uno de los casos más representativos fue el estudio científico de Evaluación Ambiental de Causalidad desarrollado por el OEFA en Espinar, el cual confirmó contaminación ambiental vinculada a la actividad minera incluso en zonas que no habían sido incorporadas previamente como Área de Influencia Directa Ambiental. Tal es el caso de la comunidad de Alto Ayra Ccollana, donde posteriormente se evidenciaron afectaciones que no habían sido reconocidas inicialmente dentro de los modelamientos y delimitaciones técnicas del proyecto.
Por ello, la desconfianza actual de muchas comunidades no surge únicamente de posiciones políticas o ideológicas, sino también de antecedentes concretos donde la realidad ambiental terminó superando las predicciones técnicas inicialmente presentadas por las empresas y validadas por el propio Estado.
Observaciones que nunca terminaron de resolverse
Para septiembre del 2025, SENACE emitió el Informe Técnico Complementario 00357-2025-SENACE-PE/DEAR-UFM, donde se advertía que únicamente 47 de las 290 observaciones habían sido levantadas satisfactoriamente.
Entre las observaciones pendientes destacaban aquellas formuladas por entidades con opinión técnica vinculante:
- 35 observaciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA),
- 17 observaciones de SERFOR,
- 5 observaciones del Ministerio de Cultura,
- 5 observaciones de SERNANP,
- y observaciones relacionadas al Programa de Participación Ciudadana.
A pesar de ello, el proceso continuó avanzando administrativamente hasta obtener su aprobación final.
Si bien la resolución emitida por SENACE no autoriza directamente el inicio de operaciones, la tensión social se ha intensificado porque muchas comunidades consideran que las preocupaciones ambientales de fondo no han sido resueltas adecuadamente.
El problema de fondo: decisiones irreversibles e incertidumbre ambiental
Uno de los aspectos que más preocupación genera es que la empresa habría mantenido como base de análisis ambiental información originalmente trabajada desde el 2019, sin ampliar adecuadamente el área de estudio ambiental hacia zonas como Pallpata.
Esto significa que los propios modelamientos utilizados para descartar impactos podrían estar condicionados por una delimitación territorial previamente restringida.
En un contexto de cambio climático, presión hídrica y expansión minera acumulada, las incertidumbres ambientales deberían conducir a criterios de mayor prevención y no únicamente a interpretaciones matemáticas rígidas.
El problema de fondo no es solamente cuánto cobre producirá Coroccohuayco, sino cuánto riesgo ambiental y sanitario está dispuesto a soportar Espinar durante las próximas décadas.
Desarrollo para quién y a qué costo
Actualmente, Antapaccay proyecta una inversión de aproximadamente US$ 1,800 millones y espera alcanzar una producción anual cercana a las 350 mil toneladas de cobre fino, superando ampliamente la producción actual. Además, el precio internacional del cobre continúa en niveles históricamente altos.
Desde una lógica empresarial, Coroccohuayco representa una enorme oportunidad económica. Pero desde el territorio, la pregunta sigue siendo otra: ¿Cuál será el verdadero costo ambiental, hídrico y de salud humana que deberán asumir las comunidades de Espinar para sostener ese crecimiento?
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[1] Declaraciones realizadas en un evento de la Cámara de Comercio Canadá
[2] Pronunciamiento de la Asociación de Defensores de la cuenca del Río Salado de la provincia de Espinar.
[3] Pronunciamiento de las comunidades originarias de Espinar.
[4] Información basada en la medida de lucha del distrito de Pallpata y pronunciamientos públicos de la cuenca Salado y comunidades originarias de Espinar
