En el Congreso de la República, un grupo de parlamentarios impulsa una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, para que responda ante el Pleno por el operativo militar ocurrido el 25 de abril en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica), donde murieron cinco civiles.
La medida se sustenta en serias dudas sobre la versión oficial de un presunto enfrentamiento con narcoterroristas y en indicios de un posible uso desproporcionado de la fuerza por parte de efectivos del Ejército.
Según la moción, ya firmada por más de 20 legisladores, la versión difundida inicialmente por el Ejército, que reportó un ataque armado contra una patrulla militar, fue cuestionada por información posterior, testimonios locales y elementos recogidos en la zona. Estas versiones ponen en entredicho que los hechos correspondan a un enfrentamiento en los términos señalados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El documento advierte que, como resultado del operativo, fallecieron cinco ciudadanos jóvenes y dos personas resultaron heridas, sin que se registraran bajas o heridos en el personal militar. Esta situación, subrayan los parlamentarios, obliga a evaluar si el uso de la fuerza se ajustó a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que rigen las intervenciones del Estado.
Moción de interpelación masacre de Colcabamba by Huanca York Times
Testimonios desmienten al Ejército
La controversia se agrava con los testimonios de los familiares de las víctimas, quienes aseguran que los fallecidos se dedicaban a la agricultura y no tenían vínculos con actividades ilícitas. De acuerdo con estas versiones, los jóvenes se encontraban transitando por la zona tras participar en actividades recreativas cuando ocurrió la intervención militar. Los deudos han exigido una investigación exhaustiva y sanción a los responsables.
A ello se suma el testimonio de un sobreviviente, Ricardo Acuña Quispe, quien denunció que su declaración inicial, en la que se le vinculaba con actividades ilegales, habría sido obtenida bajo amenaza. Este señalamiento ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de las primeras diligencias y el proceder de las fuerzas intervinientes.
En el plano judicial, el Ministerio Público informó el inicio de una investigación preliminar contra ocho integrantes del Ejército del Perú y tres civiles por el presunto delito de homicidio calificado, en agravio de cinco personas. La Fiscalía busca esclarecer las circunstancias del operativo y determinar responsabilidades individuales.
Pese a la gravedad del caso, los militares involucrados fueron liberados el 27 de abril tras el vencimiento del plazo de detención en flagrancia, debido a que no se solicitó una detención preliminar. Esta decisión también ha sido cuestionada y forma parte de los puntos que el ministro deberá explicar ante el Parlamento.
