Las comunidades de influencia directa de la unidad minera Cobriza, ubicada en el distrito de San Pedro de Coris, en la provincia de Churcampa (Huancavelica), dieron como plazo máximo hasta este miércoles 25 de mayo para que la junta de acreedores de Doe Run Perú, empresa en proceso de liquidación, apruebe la venta de dicha mina de cobre.
La venta de la mina Cobriza pudo haberse hecho realidad el viernes último. Ese día la Junta de Acreedores se reunió pero la votación favorable a la venta solo llegó al 57 % de las acreencias, pues el segundo acreedor más importante, la Doe Run Cayman, votó en contra.
Se necesitaba una votación calificada, de por lo menos el 66,6 %, explicó a Huanca York Times, Luis Castillo Carlos, representante de los trabajadores de Doe Run Perú en la Junta. Agregó que Doe Run Cayman mantiene ese tipo de actitud hace algún tiempo, que pese a que la venta de la mina Cobriza y los activos de La Oroya por separado es un acuerdo de los acreedores, se opone que se concrete.
Ahora, los acreedores de Doe Run Perú se reunirán nuevamente este miércoles 25 de mayo, en la cual debatirán otra vez si ratifican la venta de su unidad minera en Huancavelica. La expectativa de las comunidades en San Pedro de Coris es que la venta sea una realidad, puesto que ellos están de acuerdo con esa medida para que la mina reinicie sus operaciones y genere empleo en la zona.
“En [San Pedro de] Coris, las comunidades están de acuerdo con la minería, aceptan la inversión extranjera, pero no merecemos este trato de la Doe Run Cayman, que se apone a la venta”, dijo a este medio, la alcaldesa distrital, Yanet Meza Aguirre.
El pasado 11 de abril, la liquidadora de Doe Run Perú, Consultores A1 S.A.C., firmó con la compañía Cobre de los Andes S.A.C, la compra venta de los activos de la Unidad Minera Cobriza, por 22 millones de dólares, con el respaldo del fondo de inversiones canadiense, Sprott Resource Holdings. Pero la transacción debía ser aprobada por la Junta de Acreedores.
“Si la Junta no aprueba la venta, las comunidades están dispuestas a tomar la mina, no dar la licencia social y pedir que Activos Mineros inicie el cierre de la operación”, dijo Meza.
La transacción permitiría, también, renovar las concesiones de la Unidad Minera Cobriza y del Complejo Metalúrgico de La Oroya, pendientes de pago por alrededor de 1.5 millones de dólares, que deben ser abonados hasta el 30 de junio.
