Hace unos días, Rumbo Minero difundió un titular vinculado a las proyecciones mineras en Espinar (Cusco): “Con foco en el cobre: Antapaccay busca extender la vida útil de su operación hasta 2040”. En el desarrollo de la nota se precisa lo siguiente: “El enfoque de sostenibilidad es hoy la columna vertebral de la gestión de Antapaccay. La operación funciona con energía 100 % renovable y viene incorporando perforadoras eléctricas, sistemas automatizados y una flota de 17 buses eléctricos para el transporte interno, reduciendo emisiones y elevando sus estándares ambientales[1]”.
Antapaccay pertenece a la transnacional Glencore, una empresa que concentra sus debates, intereses y decisiones en el norte global (Suiza), mientras los impactos de su operación recaen sobre territorios como Espinar. Aunque la empresa anuncia innovación tecnológica y transición energética, esta modernización suele estar enfocada en sus procesos internos y su huella de carbono corporativa, mas no en los impactos territoriales que viven las comunidades: agua y aire contaminado, suelos degradados, metales pesados en el organismo de las personas, pérdida de medios de vida y afectaciones culturales profundas, que alteran no solo el entorno físico sino también la memoria y el tejido social del territorio.
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En esa misma línea discursiva, Antapaccay anunció recientemente la renovación de sus certificaciones internacionales ISO 14001 (Gestión ambiental) e ISO 45001 (Seguridad y Salud en el Trabajo), vigentes para el periodo 2025–2028[2]. Si bien estos sistemas de gestión buscan ordenar procedimientos internos y cumplir estándares formales, es importante recordar que no garantizan la ausencia de contaminación ni la protección efectiva de la salud de las comunidades que habitan el área de influencia, y muchas veces se convierten más en un recurso comunicacional que en una herramienta real de justicia ambiental.
Glencore «verde» pero sus impactos en rojo
Desde hace más de una década, las comunidades originarias del Área de Influencia Directa de la Compañía Minera Antapaccay han denunciado impactos persistentes —y durante años no sancionados— derivados de sus operaciones. Los primeros estudios realizados en 2013 por entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y la Municipalidad Provincial de Espinar evidenciaron una crisis ambiental y de salud humana que ponía en riesgo el territorio y la vida de quienes habitan en zonas aledañas a la operación minera.
Sin embargo, la Compañía Minera Antapaccay utilizó estos estudios técnicos para empezar a evadir responsabilidades, aduciendo que la “mineralización es natural”. Lo más frustrante para las comunidades no fue solo constatar la contaminación, sino observar cómo la empresa pretendía debatir su origen cuando las evidencias ya habían sido expuestas. Mientras tanto, los comuneros y comuneras continuaban conviviendo con el polvo que irrita los pulmones, el agua alterada que ya no se bebe con confianza y la incertidumbre permanente sobre su salud y la de sus hijos.
«OEFA determinó que Antapaccay incumplió su obligación de implementar medidas de prevención y control para las actividades del Tajo Sur. La resolución establece una multa equivalente a 5,75 millones de soles»
Entre mayo y noviembre de 2022, el OEFA desarrolló uno de los estudios más completos en materia de fiscalización ambiental, denominado “Evaluación ambiental de causalidad”, donde se analizaron diversos componentes: aire, agua (superficial y subterránea), flora, fauna y suelo. Esta evaluación generó siete informes técnicos elaborados por la Dirección de Evaluación Ambiental del OEFA y socializados en 2023. No obstante, la Compañía Minera Antapaccay contrató a dos universidades (Universidad Peruana Cayetano Heredia y Universidad Nacional Agraria La Molina) para cuestionar estos estudios y desacreditar los enfoques metodológicos de una entidad especializada en fiscalización ambiental minera.
Estas apelaciones continúan en proceso administrativo ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Para las comunidades, este escenario implica no solo incertidumbre jurídica, sino también desgaste emocional, cansancio colectivo y postergación de respuestas concretas frente a un daño que sigue acumulándose en sus cuerpos y territorios. Sin embargo, en marzo de 2025, el Tribunal emitió la resolución 202-2025-OEFA/TFA-SE, donde CONFIRMA que el informe referido al componente aire cumple con todos los procedimientos y metodologías aplicadas por el OEFA y con los protocolos nacionales vigentes. Los demás estudios aún están pendientes de una resolución final.
Sanción bajo riesgo
El 14 de octubre de este año, siete meses después de la resolución del Tribunal, y sobre la base del informe correspondiente al componente aire, el OEFA emitió la resolución directoral 01432-2025-OEFA/DFAI, en la que se determina que la Compañía Minera Antapaccay INCUMPLIÓ su obligación de implementar medidas de prevención y control para las actividades del Tajo Sur. Los impactos se generaron por actividades de demolición, construcción y uso de vías no pavimentadas, afectando de manera particular a la comunidad de Alto Huarca, considerada el corazón del proyecto minero Antapaccay.
La resolución establece una multa de 1,040.988 UIT, equivalente a 5,75 millones de soles. En términos formales, podría interpretarse como la aplicación del principio “El que contamina paga”. Sin embargo, apelando a las prácticas ya conocidas de Antapaccay, esta multa corre el riesgo de ser nuevamente apelada o sumarse a la deuda millonaria de S/ 841 millones 749,997 que la empresa mantiene con el Estado peruano, ubicándose además en el top 10 de las empresas con mayores deudas tributarias. En este escenario, la sanción corre el peligro de convertirse más en un trámite administrativo que en un mecanismo real de reparación ambiental.
Además, para la comunidad de Alto Huarca esta sanción no refleja de manera justa el impacto acumulado durante más de trece años. Hoy no solo enfrentan afectaciones al aire, sino también a sus fuentes de agua: han perdido más del 70 % de sus fuentes hídricas, las cuales en 2015 superaban los 500 cuerpos de agua entre manantes, canales y ríos. Para la empresa, la multa es un costo operativo; para la comunidad, el daño es una herida territorial profunda que atraviesa su economía, su salud y su relación ancestral con la tierra.
Tal como podemos ver, mientras el norte global y las empresas que explotan minerales en el territorio peruano hablan de sostenibilidad, transición energética e innovación, la realidad en Espinar demuestra que una mina puede ser “verde” en su discurso energético, pero sigue siendo tóxica en su relación con el territorio. El polvo que se posa sobre los techos, el agua que ya no se bebe y los cerros heridos por la extracción son evidencia viva de que la sostenibilidad no se mide solo en tecnologías, sino en justicia, vida y dignidad para los pueblos que resisten.
* Artículo de opinión publicado en alianza con el portal Lima Times.
[1] Disponible en: https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/con-foco-cobre-antapaccay-extender-vida-util-operacion-2040/
[2] Disponible en: https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/antapaccay-renueva-sus-certificaciones-internacionales-iso-14001-iso-45001/
