“Nos sorprende que el presidente Petro solicite algo que siempre fue ocupado por nuestros hermanos peruanos”, declaró enfáticamente Julio Kahn, alcalde del distrito al que pertenece la isla Santa Rosa, tras las declaraciones del mandatario, quien aseguró que Perú cruzó los límites en un área de la Amazonía, lo cual —según su interpretación— contravendría el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que trazó la línea limítrofe siguiendo el cauce más profundo del río Amazonas. Sin embargo, su afirmación no encuentra un respaldo ni siquiera dentro de su propio gobierno, mientras que en la parte peruana la postura es firme. Con el ruido diplomático, en el territorio en disputa hay otra demanda resonante: sus habitantes, hermanos de patria, reclaman mayor presencia y atención a cargo del Estado.
La denuncia de Gustavo Petro generó reacciones inmediatas, aunque no todos en Colombia lo respaldaron. Desde su Cancillería se optó por un tono más cauto, señalando que la soberanía en ese sector todavía debe definirse. A su vez, parlamentarios —tal es el caso de Juan Carlos Losada— calificaron los dichos del titular del Ejecutivo de “exceso verbal”. En paralelo, el líder oficialista decidió trasladar la conmemoración de la Batalla de Boyacá a Leticia con el argumento de reivindicar la frontera de su país, evitando así el acto tradicional en el puente boyacense, donde se concentran mineros y campesinos que acusan a su gestión actual de dejarlos sin opciones económicas. Las protestas —con pérdidas que superarían los 6.000 millones— fueron esquivadas en un gesto de firmeza territorial que, coincidentemente, lo ayudan a evadir una fuerte crisis interna.
“La postura del Perú es única, clara, coherente y sin fisuras, pues sostiene que la Isla Santa Rosa está integrada a la Isla Chinería —territorio asignado en 1929— y que no existe controversia”
A lo anterior se suma un hecho que tiene implicancias profundas en los colombianos, ya que, conforme a un informe, el río Amazonas se aleja y dejaría de pasar por Leticia antes de 2030, con efectos directos en la pesca, el transporte, el comercio y el turismo. Frente a esa realidad geográfica, el desafío permanece en repensar el ordenamiento fronterizo para que Colombia no quede al margen de los beneficios que aún puede ofrecerle el afluente amazónico en esa franja. De forma simultánea, la postura del Perú es única, claro, coherente y sin fisuras, pues sostiene que la Isla Santa Rosa está integrada a la Isla Chinería —territorio asignado en 1929— y que no existe controversia. El control peruano sobre ese espacio no es un acto improvisado, sino el resultado de acuerdos históricos —entre ellos el Tratado de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934—, además de un proceso técnico de delimitación validado por la Comisión Mixta.
Al tiempo que, en la isla en mención viven hoy cerca de tres mil peruanos. Esta pertenece a Santa Rosa de Loreto, recientemente reconocido como distrito, reafirmando con ello la presencia y autonomía del Estado en la zona. En esa línea, hace pocas semanas, delegaciones escolares marcharon por el 28 de julio, evidenciando su identidad nacional, en tanto que en los últimos días los propios residentes expresaron su rechazo a las afirmaciones de Petro. No obstante, nuestros compatriotas defienden el dominio soberano sin renunciar a la fraternidad con los pueblos vecinos, conscientes de que comparten los mismos problemas. Mientras el conflicto es utilizado por algunos con fines políticos, ellos continúan esperando respuestas concretas a sus verdaderas necesidades.
“Pese a todo, sus habitantes siguen levantando la voz con orgullo, recordando al Perú —y a quien pretenda desconocerlo— que allí también se vive y se resiste”
Y es que esta situación, aparte de exigir que el gobierno de turno defienda la soberanía nacional por la vía diplomática —sin caer en provocaciones ni discursos innecesarios—, representa un llamado urgente sobre la realidad de Santa Rosa. Si bien cuentan con recursos básicos administrativos, de educación y salud, la asistencia es insuficiente. Muchos escolares deben cruzar a Colombia o Brasil a fin de continuar sus estudios, y lo mismo ocurre con la cobertura médica, que obliga a muchas familias a salir del país en busca de servicios adecuados. El acceso al agua potable y a la energía eléctrica sigue siendo precario, y, como otra prueba de abandono, tampoco existe un cementerio digno. Hasta para morir deben ser llevados a Leticia o Tabatinga (Brasil). Aun así, pese a todo, sus habitantes siguen levantando la voz con orgullo, recordando al Perú —y a quien pretenda desconocerlo— que allí también se vive y se resiste.
