El exalcalde de Tarma, Luis Morales Nieva, ahora consejero regional por esa provincia y militante de Batalla Perú, responsabilizó a los exgobernadores Vladimir Cerrón Rojas y Fernando Orihuela Rojas pro los problemas que atraviesa la construcción del por hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo, que permanece paralizado desde 2022.
El último escándalo tiene que ver con la adjudicación de la obra, por más de S/ 207 millones, a un consorcio representado e integrado por la empresa de una joven sin experiencia técnica y creada en 2023: Lucero Nicole Coca Condori, quien también adjudicó S/ 300 millones en el Gobierno Regional de La Libertad y otros S/20 millones en el Gobierno Regional de Loreto.
“Este problema no nace con la gestión de Zósimo [Cárdenas]. Este problema nos lo han dejado Cerrón y Orihuela. Nos han metido en este tremendo problema”, dijo Morales en la sesión del Consejo Regional del último martes.
El consejero oficialista añadió que el caso ya está en investigación por la Fiscalía y por la Contraloría, y por ello se opuso, como la mayoría de sus colegas, de que el gobernador Zósimo Cárdenas Muje presente sus descargos por este caso ante el pleno del Consejo Regional.
[Defensa de Luis Morales Nieva]
Acusación de la Fiscalía
Las declaraciones de Morales coinciden con la acusación presentada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central, que pide nueve años de prisión efectiva para Cerrón y Orihuela por el presunto delito de colusión agravada.
La Fiscalía sostiene que ambos exgobernadores modificaron ilegalmente el terreno donde debía construirse el hospital Higa Arakaki. En 2018, el Ministerio de Salud había aprobado el expediente técnico y el estudio de impacto ambiental para levantar el nuevo hospital en el mismo predio que ocupaba el anterior, en el distrito de Satipo.
Sin embargo, al asumir la gobernación en 2019, Vladimir Cerrón impulsó el cambio de ubicación a un terreno donado por la municipalidad de Río Negro, pese a que este no contaba con servicios básicos ni cumplía los requisitos técnicos. La acusación fiscal indica que Cerrón actuó en función de “intereses y pactos colusorios”.
Fernando Orihuela, quien asumió el cargo tras la inhabilitación de Cerrón por el caso La Oroya, continuó con el cambio irregular. En diciembre de 2019, emitió una resolución ejecutiva que aprobó formalmente la nueva ubicación, sin modificar el expediente técnico ni realizar nuevos estudios de suelos, planos ni hitos. El terreno, según la Fiscalía, presenta deficiencias como filtraciones, falta de agua potable y desagüe, y no está habilitado urbanísticamente.
Pese a ello, la gestión de Orihuela desembolsó más de S/ 8,5 millones al consorcio encargado, para la compra de materiales. Cuando la empresa intentó iniciar los trabajos, no encontró los puntos de referencia que señalaban los planos, porque estos correspondían al terreno original.
Hoy, la obra está paralizada. El hospital sigue sin ser construido, pese a que el actual gobernador Zósimo Cárdenas puso por tercera vez una primera piedra el 25 de junio último.
