Fiscal investiga presunta corrupción en El Tambo por retraso de pago a empresario que acata huelga

En el sexto día de huelga de hambre de Fredy Coarita frente a la municipalidad de El Tambo, el Ministerio Público inició una investigación preliminar para determinar si hay delitos de corrupción en el retraso del pago por la compra de los instrumentos musicales.
Arequipeño Fredy Coarita le entrega documentación al fiscal Juan Canchanya
Percy Salomé
Percy Salomé
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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, inició una investigación contra la Municipalidad Distrital de El Tambo, en Huancayo, por presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de instrumentos musicales para 44 instituciones educativas. 

El caso estalló tras la protesta del empresario proveedor, Fredy Coarita Corita, quien lleva seis días en huelga de hambre, encadenado en la puerta de la comuna, reclamando el pago de casi 800 mil soles por la entrega de los equipos.

El fiscal Jesús Miguel Canchanya Ríos, a cargo del caso, formalizó la investigación preliminar por siete meses y comenzó con la recopilación de documentos que le ayuden a tipificar los presuntos delitos. Por lo pronto, y de manera general, imputa delitos contra la administración pública, en agravio del Estado.

El Ministerio Público busca documentos como el expediente del contrato, las actas de recepción de los instrumentos, las órdenes de pago, las facturas emitidas y las comunicaciones internas entre las áreas involucradas. Recordemos que entre octubre y noviembre de 2024, el alcalde Julio César Llallico, entregó los instrumentos a instituciones educativas de su distrito. 

En la diligencia de este martes, se conoció que el 31 de octubre de 2024, la municipalidad entregó el acta conformidad a la adquisición de los instrumentos musicales.

Asimismo, el fiscal tomó conocimiento de la existencia de una resolución de nulidad, firmada por el alcalde Llallico, en junio de 2025, lo que paralizó el pago al empresario, pese a una conciliación al que habían accedido ambos.

Como parte de su investigación, el fiscal Canchanya pidió a su Oficina de Audio y Video extraer el contenido de videos publicados en redes sociales el 17 de julio, día en que el empresario inició su protesta.

La Fiscalía también solicitó documentos que justifiquen técnicamente la compra, como informes de las áreas educativas o de organizaciones de la sociedad civil para determinar si hubo necesidad real del gasto.

En tanto, el alcalde Julio César Llallico Colca, no da la cara para resolver este caso. Por la mañana, su reunión con agentes municipales en la Casa de la Cultura “Juan Parra del Riego”, fue interrumpida por la protesta de otros proveedores a quienes también les debe.