Luego de revelada la relación que tiene con una funcionaria designada como subgerente de Recaudación Tributaria en agosto pasado, el alcalde de Chilca, Carlos de la Cruz, negó tener una relación sentimental con ella y aseguró que “se daña su honor al atribuirle un hecho falso” y que no habría cometido delito de nepotismo porque su relación de “conviviente” o “pareja” no está acreditado.
En una carta notarial enviada a este medio, el burgomaestre pide una rectificación de la información y esgrime argumentos que se pueden leer en el siguiente documento. Nosotros revisamos sus argumentos y procedimos a responder en las siguientes líneas:
[pdf-embedder url=”https://hytimes.pe/wp-content/uploads/2021/12/Carta-Notarial-Carlos-de-la-Cruz.pdf” title=”Carta Notarial Carlos de la Cruz”]
Nuestra respuesta:
1. En su carta notarial, el alcalde señala que “se puede advertir que me atribuyen una relación de concubinato o convivencia con quien sería Graciela Geraldine Cotera Cano y que en mi calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Chilca la habría nombrado incurriendo en causal de prohibición”. ESO ES TOTALMENTE FALSO. En toda nuestra publicación, señalamos que son las evidencias fílmicas y de fotografías, establecidas con horarios y lugares, los que nos permiten determinar una relación sentimental, además de testimonios grabados de testigos.
Nunca afirmamos que el alcalde haya cometido nepotismo. Desde el título de la nota periodística, nos preguntamos o cuestionamos si esta vinculación sentimental que tiene el alcalde, configura ese delito. (aquí se puede leer la nota completa -> ). Por tanto, nunca hacemos alguna afirmación, porque el delito de nepotismo se tendrá que probar en las instancias respectivas, ante las cuales nos podemos a disposición para entregar la amplia información documentada en vídeos, fotos y testimonios.
2. En su carta, el alcalde señala que “desde hace semanas me están haciendo seguimiento de manera ilegal a mi persona, el cual se agrava en mi condición de autoridad porque mi integridad personal estaría expuesta”. ESO ES TOTALMENTE FALSO. Ya existe jurisprudencia judicial y periodística que justifica y valida la exposición de hechos delictivos cometidos por funcionario públicos, después de una investigación periodística en lugares no privados. Esta se puede ejercer para perseguir un presunto delito, y no solo por la prensa, también por cualquier ciudadano que para exponer un caso tiene que observar el comportamiento de una autoridad pública. Esto, se asume porque el funcionario público que recibe el poder para el ejercicio público, debe asumir penalmente su responsabilidad cuando abusa del poder que se le da. Un último caso es el de Cuarto Poder y el seguimiento realizado al presidente Pedro Castillo por espacio de dos meses para verificar quiénes ingresaban a su casa en el distrito de Breña. Aquí se puede ver le informe:
Aquí también se expuso un hecho posiblemente delictivo, lo que justifica plenamente la vigilancia periodística.
3. El alcalde también señala que la designación de Graciela Cotera en el cargo de confianza de Subgerente de Recaudación (e) de la MDCH se hizo en el marco de las normas inherentes. Nosotros no señalamos que la designación sea ilegal, cuestionamos la falta de experiencia del funcionario público, en legítimo derecho de cuestionamiento, asumiendo que los profesionales mejor preparados deben asumir los cargos que se pagan con el dinero de todos.
4. Sobre la fotografía del 23 de setiembre, el alcalde niega que sea su persona la que aparece en la fotografía donde se le ve con su pareja tomados de la mano. Aquí publicamos otra captura de vídeo que entregaremos a las autoridades que así lo soliciten para mayor esclarecimiento. Quizá así el alcalde tenga mejores recuerdos.
5. El alcalde también señala que un almuerzo con cualquier persona o con sus funcionarios no puede colegirse como una relación personal. ESTAMOS DE ACUERDO, por eso, documentamos esta investigación para tener mejores indicios. Aquí, por ejemplo, una fotografía de la pareja con la familia del alcalde y utilizando el vehículo personal del mismo. Los vídeos y fotos estarán a disposición de las autoridades.
Finalmente, queremos marcar posición sobre este tema: las afirmaciones vertidas vía notarial por el alcalde de Chilca, Carlos de la Cruz, sí constituyen presuntos delitos de difamación y obstrucción al trabajo de una organización periodística que se ha manejado con integridad y rigurosidad dentro de la investigación, revelando hechos y presuntos delitos a lo largo de su existencia, colaborando permanentemente con el Ministerio Público y el Poder Judicial en su lucha contra la corrupción. No es la única investigación que deriva de esta vigilancia, hay hechos preocupantes (uso de vehículo privado, vivienda fuera de jurisdicción, el papel de la funcionaria en entrega de documentos a empresarios) que, tras las confirmaciones del caso, difundiremos para conocimiento del público y las autoridades.
Además, tras un análisis legal de estas afirmaciones, pronto comunicaremos nuestra decisión sobre las medidas judiciales a adoptar en este caso que, pese a que el alcalde es comunicador social de carrera, quiere desconocer los fueros de la libertad de prensa y expresión. No será nuestra primera vez que nos enfrentamos a personas públicas que no les gusta la fiscalización.
