La Contraloría General identificó un potencial perjuicio económico de S/ 413 748 en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la provincia de Huancavelica, debido al pago irregular de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación a 28 docentes activos y cesantes no priorizados de su jurisdicción. Un total de siete funcionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa en estos hechos ocurridos entre diciembre de 2019 y enero de 2020.
La comisión de control determinó que funcionarios y servidores públicos de la UGEL Huancavelica elaboraron, tramitaron, autorizaron y ejecutaron pagos de reintegro por concepto de bonificación especial por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total del docente, los cuales no estaban autorizados legalmente y no contaban con asignación presupuestal institucional, en el 2019. Esta bonificación especial es considerada una deuda social y su pago está limitado a los créditos presupuestarios autorizados por norma legal expresa.
El pago de la bonificación especial se realizó mediante 28 resoluciones reconocidas solo por vía administrativa, sin sentencia judicial, hasta por un monto de S/ 14 750 cada una, de las cuales 16 tienen fecha del 31 de diciembre de 2019.
En ese entonces existían resoluciones anteriores pendientes de pago que datan desde el 2018 y que no estaban inscritas en la base de datos del “Aplicativo Web de Sentencias Judiciales”, donde sí figuran más de 800 docentes (entre jubilados y activos) de dicha UGEL, con sentencias judiciales pendientes de pago desde el 2013.
La Contraloría también advirtió que para realizar el pago a los docentes la UGEL utilizó recursos de metas y partidas de gastos no autorizados, los cuales inicialmente estaban destinados para el pago de la remuneración del personal nombrado y contratado de la entidad. Además, la “Planilla adicional de deudas sociales” de diciembre de 2019 utilizado como sustento para el pago, no fue ingresado al Sistema Único de Planillas, evidenciándose que el compromiso y devengado se realizó sin el sustento y acreditación documental obligatoria.
También se puso de conocimiento que los docentes que fueron beneficiados vienen solicitando por vía judicial el monto total de la deuda social sin descontar el pago parcial que ya se les abonó, lo que conllevaría un doble pago.
De acuerdo al Informe de Control Específico N°010-2021-2-0721 estos hechos habrían transgredido la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2019 – Ley N° 30789, además el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público – Decreto Legislativo N° 1440, entre otras normativas legales vigentes.
