El Congreso aprobó en segunda votación la ley que traslada al fuero militar-policial el juzgamiento de los delitos de función cometidos por policías y militares y excluye estos casos de la justicia ordinaria, lo que críticos consideran una medida que abre la puerta a la impunidad en investigaciones por uso de la fuerza del Estado.
La decisión se tomó con 52 votos a favor en el Pleno y consolida un cambio en el sistema de persecución penal para efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en casos vinculados a su actuación en servicio.
La norma modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal y establece que los delitos de función de policías y militares serán conocidos por la jurisdicción militar-policial lo que reduce la intervención de la justicia ordinaria en estos casos y obliga al traslado de procesos en curso según lo reportado en el debate parlamentario.
La norma aprobada dispone también que procesos en trámite en la justicia ordinaria pasen a la jurisdicción militar-policial lo que incluye casos que ya se encuentran en investigación o en instancias del Poder Judicial incluso en la Corte Suprema, según alertas difundidas por organizaciones de derechos humanos.
Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos habían exhortado al Parlamento a no aprobar la norma por el impacto que podría generar en investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en operativos policiales o militares.
Sectores críticos sostienen que la ley reduce el control judicial civil sobre el uso de la fuerza del Estado y concentra el juzgamiento en una jurisdicción especializada del propio sistema militar-policial lo que podría afectar la independencia de las investigaciones.
