El exfiscal José Domingo Pérez Gómez, actual abogado de Pedro Castillo, presentó una denuncia penal contra los miembros de la cúpula de Fuerza Popular Miguel Ángel Torres y la congresista Martha Moyano, por el presunto delito de conspiración para propiciar la vacancia del expresidente. La denuncia alcanza a la fiscal afín al fujimorismo Patricia Benavides, al excomandante general de la PNP Raúl Alfaro Alvarado y al congresista José Williams Zapata.
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La tesis principal que plantea Pérez Gómez es que la destitución presidencial del 7 de diciembre de 2022 no respondió a un hecho fortuito o estrictamente constitucional, sino a una estrategia minuciosamente coordinada desde múltiples frentes. La denuncia es firmada también por el abogado Aldo Álvarez Hurtado.
El sustento que abre el camino de esta denuncia proviene de las recientes declaraciones públicas de Miguel Ángel Torres, asesor de la bancada Fuerza Popular. El también personaje cercano a Keiko Fujimori dejó entrever que hubo una estrategia conjunta de varios actores para sacar a Pedro Castillo de Palacio.
«Sacar al señor Castillo no fue sencillo. Claro, van a decir: No, se sacó solo. No fue así. Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. O sea, fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya«, expresó Miguel Ángel Torres.
Para el exfiscal José Domingo Pérez Gómez, esta declaración constituye una admisión explícita de un concierto de voluntades para la comisión de un acto ilícito.
Suma de esfuerzos o conspiración
Según la denuncia, la actuación de la congresista Martha Moyano queda ligada al tramo final y decisivo del plan dentro del Parlamento. A ella se le imputa haber intervenido de forma directa, junto con José Williams Zapata, en la suscripción y ejecución de la resolución legislativa 001-2022-2023-CR.
De acuerdo con el texto de la denuncia, ambos parlamentarios «suscribieron la ilegal resolución del congreso que declara la permanente incapacidad moral del presidente de la república y la vacancia de la presidencia de la república», un documento que Pérez Gómez considera inconstitucional debido a la falta de los votos reglamentarios exigidos.
Como se recuerda, Pedro Castillo fue vacado por dar el golpe de estado el 7 de diciembre de 2022. Como consecuencia de esta decisión, el Congreso aprobó la vacancia con 101 votos. Sin embargo, Pérez Gómez subraya que la Constitución exigía 104 votos para concretar este proceso de manera célere y sin el ejercicio de defensa del mandatario.
Benavides, aliada del Congreso
La arista fiscal de esta supuesta red de contención recae sobre Patricia Benavides, en su condición de entonces Fiscal de la Nación. La denuncia detalla que Benavides instrumentalizó el aparato persecutor del Estado mediante la apertura sucesiva e inconstitucional de investigaciones preliminares que la Carta Magna prohíbe contra un presidente en funciones, como el caso de los ascensos militares.
Se señala penalmente a Benavides por la «aperturas de investigación inconstitucionales» y por la creación de un equipo especial que luego fue disuelto, tras cumplir su objetivo político contra Pedro Castillo.
El brazo policial
En el plano operativo y de las fuerzas del orden, el excomandante general de la PNP Raúl Alfaro Alvarado es señalado por quebrantar las prerrogativas constitucionales del presidente el 7 de diciembre de 2022. El exmando policial es denunciado por emitir de forma célere la orden de captura sin esperar los canales correspondientes.
Concretamente, se le atribuye la «orden de detención en supuesta flagrancia el 7 de diciembre mediante el uso de armas», obviando de manera flagrante que la figura presidencial gozaba aún de inmunidad y de derecho a antejuicio político.
Los argumentos de la denuncia enfatizan que la detención de Pedro Castillo se perpetró bajo un marco normativo aplicable a la delincuencia común, ignorando su fuero y jerarquía. Se resalta que la captura del expresidente ocurrió de forma arbitraria a las 13:42 horas, minutos después de que se votara la vacancia en el Pleno (tras el golpe ordenado por Castillo).
Sin embargo, la publicación formal de la resolución en el diario oficial El Peruano recién se materializó a las 15:57 horas del mismo día, lo que implicaría que, al momento de su arresto, Castillo seguía estando revestido constitucionalmente con la protección de la inmunidad presidencial.
A este escenario de presunta ilegalidad se habría sumado la presencia inmediata de la propia Patricia Benavides junto a un equipo especial de fiscales. La denuncia advierte que este apersonamiento no tuvo propósitos de garantía procesal, sino un fin netamente político: convalidar tácticamente un arresto anómalo.
Se sostiene que la magistrada Patricia Benavides «participó del acto de detención, dándole apariencia de legalidad«, lo que cerraría el círculo de cooperación entre actores del Parlamento, la Fiscalía y el mando policial de turno.
- Informe originalmente publicado en el portal Lima Times.
