Los resultados de la primera vuelta electoral han evidenciado, en líneas generales, una gran dispersión de las fuerzas democráticas, así como de los sectores de la derecha, incluidos aquellos que algunos han denominado los partidos del “pacto mafioso”, que sostuvieron el gobierno de Dina Boluarte y fueron arquitectos de la construcción del nuevo régimen político instaurado luego del 7 de diciembre de 2022.
Se trató de una campaña —la de la primera vuelta— marcada por porcentajes enanos, que confirman la fragmentación descrita y la escasa capacidad de las fuerzas políticas participantes para aglutinar de forma masiva el voto popular.
Estas elecciones, que desde su génesis arrastraban un espíritu fraudulento por la forma en que fueron concebidas por las propias fuerzas políticas desde el Parlamento —con el objetivo de garantizar su continuidad en el poder y el copamiento de las instituciones del Estado—, no fueron enfrentadas por quienes pretendían representar ese descontento con la firmeza ni la claridad necesarias para asegurar su derrota desde el inicio.
La incapacidad de organizar una resistencia sostenida frente al gobierno de Dina Boluarte y a la componenda del poder en el Parlamento por parte de las fuerzas democráticas ha sido uno de los principales errores políticos, y sus consecuencias se reflejan claramente en los resultados de esta primera vuelta.
Las fuerzas democráticas, progresistas y populares se involucraron en la contienda electoral sin evaluar a profundidad las consecuencias del ascenso y la caída de Pedro Castillo. Centenares y miles de activistas, que lucharon durante años e incluso decenios, se han visto sorprendidos por la decisión de optar por una participación fragmentada; no se apostó por un frente único, ni ese espíritu fue practicado con firmeza en la lucha de masas.
Una observación y crítica clave para explicar este escenario es, a mi juicio, la ausencia de una evaluación sincera sobre la experiencia y el impacto del gobierno de Pedro Castillo, su caída y la posterior recomposición de los sectores ultraconservadores —como Renovación Popular y el fujimorismo— en alianza con partidos como Alianza para el Progreso y Podemos Perú, en una abierta transacción con el poder económico y mediático del país. Limitarse a mencionar el llamado “Pacto Mafioso” como una componenda política exclusivamente parlamentaria, sin considerar el rol del poder fáctico, resulta insuficiente y puede dificultar la comprensión integral del fenómeno.
La incapacidad de organizar una resistencia sostenida frente al gobierno de Dina Boluarte y a la componenda del poder en el Parlamento por parte de las fuerzas democráticas ha sido uno de los principales errores políticos, y sus consecuencias se reflejan claramente en los resultados de esta primera vuelta.
A pesar de que se requería construir una plataforma político-electoral capaz de canalizar ese descontento y acumular fuerzas en el proceso para convertirse en una opción real de poder —capaz de enfrentar decisivamente al régimen instaurado por las fuerzas golpistas del Parlamento—, ello no fue posible. Muchos argumentaron que la “cosa electoral” no debía formar parte del debate en esos espacios: un craso error que, en la mayoría de los casos, encubre ingenuidad u oportunismo.
En ese contexto, para un amplio sector de la población, la segunda vuelta se adelantó a estas elecciones de abril. Ante la dispersión, la consigna fue impedir un balotaje entre Keiko Fujimori y López Aliaga. Un escenario que estuvo cerca de concretarse debido a la táctica equivocada asumida por las fuerzas participantes, que les cedieron espacio y permitieron que ambos sectores estuvieran cerca de alcanzar, incluso en alianza, la mayoría en las cámaras de diputados y senadores, donde, además, las “reformas truchas” han otorgado un poder desproporcionado al Senado.
Frente a ello surgen dos preguntas inevitables: ¿las fuerzas democráticas no eran conscientes de este peligro? ¿Se organizaron realmente para desmontar el régimen político impuesto después de 2022?
De cara a las nuevas elecciones del 7 de noviembre, la necesidad de impulsar un frente único está claramente planteada; sin embargo, las decisiones adoptadas en las elecciones generales dificultan su concreción. Aun así, debería promoverse algún tipo de confluencia que permita derrotar a las fuerzas conservadoras.
En el momento actual, la tarea más importante es impulsar un gran frente único para impedir el triunfo de Keiko Fujimori.
