La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín formalizó la investigación preparatoria contra los miembros del comité de licitación del Gobierno Regional de Junín, responsables de adjudicar la construcción del Hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo a una empresa sin experiencia, dirigida por una joven de apenas 23 años.
Investigados
Según la resolución de formalización del último 24 de marzo, los principales implicados son: Rony Paolo Vejarano Pérez (46), exgerente regional de Infraestructura y precandidato a la alcaldía de Huancayo por el partido Batalla Perú; Paul Chancasanampa Pacheco, subgerente de Obras del Gobierno Regional de Junín; Julio César Barraza Chirinos, subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras; Juan Carlos Ramos Domínguez, subdirector de Abastecimiento y Servicios Auxiliares; y Víctor Hugo Calderón León, especialista administrativo I de la misma subdirección.
Negociación incompatible
Todos están imputados por el delito de negociación incompatible, que sanciona al funcionario o servidor público que se interesa indebidamente, en provecho propio o de terceros, en contratos en los que interviene por razón de su cargo.
La Fiscalía sostiene que estos funcionarios manipularon el proceso de licitación para favorecer a la empresa LC&EC Constructora, Consultora y Servicios, propiedad de Lucero Coca Condori. La compañía, creada en 2023, ya había obtenido contratos por 300 millones de soles en el Gobierno Regional de La Libertad, durante la gestión de César Acuña.
Según el fiscal Augusto Lapa Lozano, a cargo de la investigación, Vejarano Pérez desempeñó un papel central al permitir que el consorcio liderado por Coca Condori obtuviera la buena pro, a pesar de que la empresa carecía de experiencia y era el único postor. Además, su oferta había recibido observaciones que normalmente habrían invalidado el proceso. La acusación apunta a un interés indebido en beneficio de terceros, más allá de simples decisiones administrativas.
El Consorcio Hospital Arakaki no logró acreditar la experiencia requerida. Presentó un contrato en Argentina vinculado al Hospital de Cuenca Alta – Presidente Néstor Kirchner, pero la participación mínima de la empresa Riva (3%) no clarificaba responsabilidades, generando dudas sobre la verdadera capacidad del consorcio.
Empresa sin experiencia
El 4 de abril de 2025, Vejarano detectó que faltaban firmas en el Anexo N° 5 (Promesa de Consorcio). En lugar de descalificar al único postor, le otorgó tiempo para subsanarlo, lo que derivó en un documento final que modificaba obligaciones del contrato. La Fiscalía señala que, como presidente del comité, Vejarano conocía los criterios para acreditar porcentajes de responsabilidad en consorcios, pero aun así ignoró las deficiencias del Consorcio Hospital Arakaki, otorgando la buena pro a Coca Condori, cuya empresa asumiría el 97% de la obra pese a su inexperiencia.
Por su parte, Chancasanampa Pacheco modificó los requisitos técnicos; Barraza Chirinos y Ramos Domínguez avalaron la evaluación; y Calderón León ajustó el contrato, beneficiando principalmente a Coca Condori. La obra, valorada en S/207 millones, fue adjudicada casi en su totalidad a su empresa sin que se exigieran criterios básicos, como experiencia en construcción hospitalaria, los cuales habrían descalificado automáticamente al consorcio.
Cuando el programa Panorama reveló contratos millonarios otorgados a una joven empresaria sin experiencia en La Libertad, la atención se extendió a Junín, confirmándose el favorecimiento. Tras las denuncias periodísticas y las observaciones de la Contraloría, el Gobierno Regional de Junín anuló el contrato en octubre de 2025.
Con la formalización de la investigación, el caso avanza de las diligencias preliminares a la etapa preparatoria, lo que permitirá a la Fiscalía recolectar nuevas pruebas y a los imputados ejercer su derecho de defensa.
