Hace 25 años, en plena transición democrática, nació en Junín la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), como un espacio de diálogo entre Estado, sociedad civil y sector privado para concertar políticas públicas. Hoy sigue en pie, pero desgastada, en medio de una crisis institucional profunda y un escenario de multicrisis que tensiona su sentido original.
Celebrar este aniversario no debe limitarse a recordar logros. Implica reconocer, con honestidad, que la Mesa ya no es la propuesta transformadora que fue en su origen.
Su resiliencia ha sido puesta a prueba por la desafección ciudadana, la precarización de la política y la captura de lo público por intereses particulares. Aun así, continúa siendo una de las pocas instancias de diálogo multiactor en la región. Sin embargo, su agenda ha quedado concentrada en lo social —desnutrición, anemia, infancias, agua y saneamiento— dejando en segundo plano temas estratégicos como competitividad territorial, crisis climática, igualdad y fortalecimiento institucional.
“La deuda con la eficacia, la incidencia y el impacto territorial de la concertación en Junín es profunda y ya no puede seguir postergándose”
En Junín, los desafíos son estructurales. La autonomía política y financiera de la MCLCP se ha debilitado, reduciendo su capacidad para convertir los Acuerdos de Gobernabilidad en políticas públicas con impacto real. La implementación depende, en exceso, de la voluntad de autoridades de turno, atrapadas en el cortoplacismo electoral y la fragmentación burocrática. El seguimiento concertado, aunque innovador, enfrenta limitaciones logísticas y escasa capacidad de respuesta estatal. La deuda con la eficacia y la incidencia territorial es evidente.
En un contexto marcado por corrupción, inseguridad, desigualdad y avance de economías ilegales, Junín necesita un Pacto Territorial con enfoque de derechos, igualdad y desarrollo sostenible. No se trata de un nuevo documento, sino de reconstruir legitimidad desde los territorios con propuestas concretas en competitividad, salud, educación, gestión hídrica, institucionalidad democrática y transición climática.
La región, por su posición geopolítica, puede liderar una Agenda Macro Centro que articule la Carretera Central, la protección de cuencas y el fortalecimiento de cadenas de valor agroecológicas como ejes de integración productiva y reducción de brechas. Pero sin ordenamiento territorial, defensa de derechos, igualdad de género y lucha frontal contra la minería ilegal, no habrá desarrollo sostenible posible.
“Sin autonomía política y financiera, la concertación se convierte en formalidad; con acuerdos vinculantes, indicadores y rendición de cuentas, puede volver a ser una herramienta real de gobernanza democrática”
También persisten brechas en la participación efectiva de los sectores más vulnerables. Es urgente reactivar la fuerza social en torno a la Mesa: mujeres rurales y urbanas, juventudes, comunidades campesinas e indígenas, universidades, gremios empresariales y organizaciones sindicales deben asumir un rol vinculante y no solo consultivo.
Transformar la MCLCP no es opcional; es una exigencia ética y política. Se requiere recuperar su autonomía técnica y financiera; articular información territorial para medir cierre de brechas; y establecer acuerdos vinculantes con indicadores, responsables, plazos y mecanismos de rendición de cuentas.
En el actual escenario electoral, la MCLCP tiene la oportunidad de demostrar que la concertación no es una formalidad, sino una herramienta imprescindible para enfrentar desigualdad, corrupción y desgobierno.
Que estos 25 años no sean conmemoración, sino punto de inflexión. Una Mesa con legitimidad social, capacidad técnica y peso político real. Una Mesa capaz de convertir el diálogo en resultados.
