Uno de los lamentables efectos que podría causar la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas (Eficavip), decretado por el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, es poner en riesgo de archivo la investigación contra tres mandos policiales por las muertes que dejó la represión a las protestas en Pichanaqui, el 16 de diciembre de 2022.
El fiscsl Luis Nolasco Zavala, ahora exmiembro de dicho equipo especial, cerró la investigación preparatoria el pasado 22 de diciembre de 2025, y activó el plazo legal de 30 días para decidir si formula acusación penal o archiva el caso.
Sin embargo, la desactivación del equipo especial—a mitad de dicho plazo— y el traslado del expediente a la Fiscalía Penal Supraprovincial Transitoria Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Junín, han generado una carrera contra el tiempo que favorece la impunidad.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, advirtió que este cambio administrativo representa un “grave retroceso” y crea un “halo de impunidad”. El nuevo fiscal que sea asignado en Junín deberá procesar una carpeta fiscal de aproximadamente 100 tomos, con expedientes que contienen entre 500 y mil fojas cada uno.
Sin el conocimiento previo del caso que tenía el fiscal original, el nuevo magistrado que sea asignado al caso, tiene poco tiempo, alrededor dos semanas, para leer miles de documentos y sustentar una acusación compleja. Si el fiscal no logra asimilar la evidencia, podría dictar el archivamiento del proceso por falta de tiempo para procesar las pruebas. Esa “es una posibilidad”, dijo el abogado Quispe, a pesar de que los elementos de convicción están en la carpeta.
De la misma opinión fue la abogada Gery Vásquez, quien se mostró en desacuerdo con la desactivación del equipo de fiscales. El cambio de sede afecta mucho más a las víctimas, porque tendrán que trasladarse hasta Huancayo, generándoles gastos. En cambio, si el caso hubiese sido transferido a la fiscalía de Chanchamayo, donde queda la sede de la Corte Superior de la Selva Central, sería más cerca para las víctimas y sus familiares.
“Todo esto es terrible y un gran retroceso”, sostuvo Vásquez.
Oficiales en la mira
En el Caso Pichanaqui, la investigación fue contra el general PNP (r) Martín Villalón Trillo, el coronel PNP César Felipe Chávez Navarro y el comandante PNP Jonny James Vargas Ontón, quienes al momento de los hechos, se desempeñaban como jefe de la Región Policial Junín-Huancavelica, jefe de la División Policial de Chanchamayo y comisario de Pichanaqui, respectivamente. La Fiscalía les imputa los delitos de homicidio calificado y lesiones graves por “comisión por omisión”.
Bajo la tesis del “deber de garante”, los mandos policiales tenían la obligación legal de controlar el plan de operaciones para evitar muertes y heridos. La omisión de este control los hace responsables de los asesinatos de Ronaldo Barra Leiva, Diego Galindo Vizcarra y el adolescente J.W.T.C. por impactos de armas de fuego utilizadas por las fuerzas del orden.
Las penas que la Fiscalía podría solicitar de 25 a 35 años de prisión para homicidio calificado y de 10 a 20 años de cárcel por lesiones graves.
De acuerdo con los abogados de las familias, entre los medios de prueba para la acusación figuran pericias de fusiles AKM, arma de uso exclusivo de la PNP, que vinculan directamente los disparos policiales con las víctimas. Un caso emblemático es el de un joven que recibió un impacto en el brazo, quedando con una incapacidad de 75 días.
No prescribe
Al ser catalogado como una violación a los derechos humanos, el Caso Pichanaqui no prescribe, respaldado por un fallo reciente del juez Fernando Valdés Pimentel.
El magistrado declaró inaplicable la ley de prescripción para delitos de lesa humanidad, aplicando el control difuso y prefiriendo los tratados internacionales sobre una sentencia del Tribunal Constitucional que no alcanzó los votos necesarios para ser vinculante.
El Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas tenía a su cargo alrededor de 70 carpetas, en las cuales investigaban las muertes de al menos 49 muertes y decenas de heridos, causados en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en las ciudades de Ayacucho, Juliaca, Pichanaqui, Apurimac, Cusco, Lima y otras.
Así fue distribuida las investigaciones por las muertes en protestas
Distribucion de Casos Eficavip a las fiscalias de regiones by Huanca York Times
