La compra, a través de un proceso de remate, del terreno ubicado en la esquina de la avenida Mariscal Castilla y Jorge Chávez, en El Tambo, puede llevar al alcalde Julio César Llallico Colca a enfrentar una investigación por presuntos delitos de corrupción. La Contraloría General acaba de recomendar que la Procuraduría Pública Especializada inicie acciones penales contra él y 23 funcionarios, por una adjudicación que —según la auditoría— estuvo plagada de irregularidades y ocasionó un perjuicio económico superior a S/ 5 millones.
‘Cheque fantasma’
El informe de auditoría de la Contraloría señala que hubo una simulación del pago del terreno mediante un cheque de gerencia inexistente. El entonces gerente municipal, Jorge Martín Del Pino Moreyra, permitió que se consigne el depósito de S/ 6 426 848,00 para cerrar la compra; sin embargo, el Banco de la Nación confirmó que no existe registro de la emisión de dicho cheque ni del ingreso de los fondos hasta el 3 de enero de 2024, dentro del plazo legal.
Pese a la inexistencia del pago, señala la Contraloría, el Ejecutor Coactivo Rolando Cotera Almonacid adjudicó el predio a la municipalidad en primera convocatoria, contraviniendo el Código Procesal Civil, que exige esperar hasta una tercera convocatoria para este tipo de adjudicaciones. El informe también advierte que Cotera actuó como “juez y parte”, al asumir simultáneamente funciones en la Gerencia de Asesoría Jurídica para validar sus propios actos coactivos.
Esta dualidad ocurrió desde el 29 de diciembre de 2023, cuando el alcalde Julio César Llallico Colca le encargó dicha gerencia. El remate del predio se realizó el 28 de diciembre de 2023.
El informe anota que el depósito por el pago del predio ocurrió recién los días 15 y 25 de enero de 2024, acumulando un retraso de hasta tres semanas respecto al plazo de ley.
Un proyecto ‘pantalla’ para justificar el presupuesto
Para justificar el gasto, la gestión de Llallico registró un proyecto de inversión tipo IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición), destinado a un centro cultural o edificio multiusos. Según la Contraloría, la inversión no era prioritaria ni estaba vinculada al cierre de brechas sociales, por lo que fue desactivada poco después de concretarse la compra. Para el órgano de control, ello evidencia que funcionó solo como justificación presupuestal para concretar la adquisición del terreno.
Para financiar la operación, el alcalde autorizó la incorporación de S/ 8 274 275,00 como saldos de balance, pese a que, al momento de emitirse la resolución, la municipalidad no había concluido las conciliaciones bancarias. Esta modificación presupuestal afectó otros proyectos urgentes para el distrito, entre ellos, la compra de camiones compactadores de basura y la continuidad de proyectos de agua potable y saneamiento básico, según el informe.
El terreno adquirido presenta excavaciones de hasta cinco metros de profundidad y un cerco perimétrico con riesgo de colapso, inclinado hacia su interior. Han pasado dos años desde que el predio fue adjudicado a la municipalidad, sin que la entidad haya intervenido para corregir esta situación.
No correspondía adjudicación
El terreno que la Municipalidad de El Tambo se adjudicó en el remate del 28 de diciembre de 2023 tenía como finalidad hacer efectivo el cobro de una deuda de S/ 1 174,11, que los propietarios mantenían desde 2008 por construir sin licencia. Hasta entonces, se habían realizado seis intentos de remate, agrupados en tres convocatorias, todas declaradas desiertas.
La Contraloría sostiene que, por ley, la municipalidad —al ser la entidad que ejecuta el remate— solo podía adjudicarse el predio en la tercera oportunidad de una convocatoria declarada desierta. Dado que el remate del 28 de diciembre correspondía a la primera ronda, no correspondía su adjudicación.
La municipalidad sustentó su accionar en un acuerdo del Pleno Jurisdiccional Regional Civil y Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Piura, que permitiría la adjudicación en primera convocatoria por falta de postores. El informe rechaza expresamente este sustento.
Sin votos necesarios
El documento indica que el acuerdo del Concejo Municipal que autorizó al alcalde a participar como postor no alcanzó los siete votos requeridos para la mayoría simple. El concejo está conformado por 12 miembros (alcalde y 11 regidores), por lo que cualquier acuerdo requería el voto favorable de la mitad más uno.
Sin embargo, el alcalde Julio César Llallico Colca y el entonces secretario general Carlos Enrique Matos Guzmán validaron el acuerdo con solo seis votos a favor, pese a registrarse tres abstenciones y dos inasistencias. Además, los regidores que votaron a favor lo hicieron sin el sustento técnico y legal de la comisión mixta que había sido creada para evaluar la viabilidad de la compra.
Responsables
La Contraloría atribuye presunta responsabilidad penal y civil a 12 de los 24 implicados, entre ellos:
Julio César Llallico Colca (alcalde): por validar acuerdos sin quórum legal y autorizar presupuestos sin sustento técnico.
Jorge Martín Del Pino Moreyra (exgerente municipal): por consignar el pago sustentado en un cheque inexistente y promover un proyecto ficticio.
Rolando Cotera Almonacid (ejecutor coactivo): por dirigir el remate y omitir notificaciones a acreedores. En una breve comunicación con Huanca York Times, este funcionario señaló que el informe de la Contraloría “presenta múltiples errores, omisiones y vulneración del marco normativo sobre la materia“.
Miguel Ángel Aro Sánchez (Planeamiento y Presupuesto): por asignar recursos afectando servicios básicos como limpieza pública y saneamiento.
Actualmente, el inmueble permanece sin proyecto vigente, mientras El Tambo continúa enfrentando deficiencias en el recojo de residuos sólidos.
Aquí la auditoría de cumplimiento
Informe de Auditoría compra de terreno en El Tambo by Huanca York Times
