La Comisión Permanente del Congreso aprobó este martes los informes finales que proponen la inhabilitación por 10 años para el expresidente Pedro Castillo Terrones y para la suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela.
Con 13 votos a favor y 6 en contra, la Comisión aprobó el informe de las Denuncias Constitucionales 547 y 575, acumuladas, que atribuye a Castillo la ejecución de un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.
El documento señala que Castillo cometió una “serie de acciones previas y posteriores” a su mensaje a la nación: habría organizado reuniones no aclaradas, coordinado con Betssy Chávez su difusión mediática e impartido órdenes directas al comandante general de la Policía para cerrar el Congreso e interferir con el Ministerio Público.
Según la acusación, estas acciones vulneraron varios artículos de la Constitución, desde la disolución arbitraria del Parlamento hasta la imposición de un toque de queda sin base legal.
En la sesión, el abogado defensor Carlos Torres Caro, en defensa de Castillo, fue invitado a retirarse después de proferir insultos contra los congresistas. Legisladores de distintas bancadas argumentaron que esta inhabilitación es esencial para proteger la democracia y prevenir futuros intentos de ruptura constitucional.
El informe ahora debe pasar al Pleno del Congreso, donde se decidirá si la acusación constitucional se aprueba definitivamente.
Delia Espinoza: presunta infracción constitucional
En paralelo, la Comisión Permanente aprobó con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones el informe final de la Denuncia Constitucional 528, que propone inhabilitar por 10 años a la fiscal suprema Delia Espinoza por presunta infracción de los artículos 159, 38, 103, 109 y 166 de la Constitución.
Según los denunciantes (entre ellos, los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín), Espinoza impulsó la Resolución 2246-2024-MP, que permitiría que el Ministerio Público continúe investigaciones que, a su juicio, corresponden a la Policía Nacional según la Ley 32130.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, sostuvo que dicha acción de la Fiscal de la Nación viola competencias constitucionales, y citó una sentencia del Tribunal Constitucional que reafirma el carácter operativo de la PNP en la etapa de investigación.
Además de la inhabilitación, la Comisión aprobó acusarla por los presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato, y decidió levantar su fuero para que la Fiscalía formule la denuncia ante la Corte Suprema dentro de cinco días.
Tras la decisión, la fiscal suspendida denunció un “golpe” y una “dictadura parlamentaria”, y anunció que buscará su restitución a través del sistema judicial. Ene este caso, el informe también será presentado ante el Pleno del Congreso para su aprobación final.
