El Quinto Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín declaró responsables del delito de concusión al exalcalde de Chilca, José Auqui Cosme, y a los exfuncionarios Yuri Quispealaya Huamán, Flor de María Allca Matos y Mamerto Allca Matos, por el cobro indebido de dinero a trabajadores de la Municipalidad Distrital de Chilca durante la gestión 2015-2018.
En audiencia de conclusión anticipada, la jueza Rosemarie Alejandro Huánuco impuso a Auqui, Quispealaya y Flor Allca cuatro años y ocho meses de prisión suspendida, con un periodo de prueba de dos años y ocho meses. En el caso de Mamerto Allca, la condena fue de tres años de prisión suspendida por dos años.
Los sentenciados deberán cumplir reglas de conducta como no ausentarse sin autorización judicial, acudir al control biométrico cada mes y pagar la reparación civil y las multas fijadas. De incumplir, se revocará la suspensión y serán recluidos en el penal de Huamancaca Chico.
La magistrada también dispuso la inhabilitación por cuatro años y ocho meses para que Auqui y Quispealaya ejerzan cargos públicos. Cada condenado deberá pagar una multa de S/ 1,395. En cuanto a la reparación civil, Auqui abonará S/ 10 mil, Quispealaya S/ 7 mil y los hermanos Allca S/ 5 mil cada uno, en cuotas a favor de la Procuraduría Anticorrupción.
Cómo operaba la red de cobros
La sentencia precisa que el entonces alcalde Auqui obligaba a los trabajadores CAS a entregar S/ 15 mensuales (S/ 45 trimestrales) para asegurar la renovación de sus contratos.
El 28 de noviembre de 2017, la Fiscalía Anticorrupción realizó un operativo en un inmueble de la calle Arterial N.° 1045, en Chilca, donde intervino a Mamerto Allca junto a los trabajadores municipales Irma Liliana Laurente Mayta y Miguel Oswaldo Aliaga García.
Ese día, Laurente declaró: “A las seis de la tarde el alcalde nos tenía que dar el visto bueno, si no, no la iban a contratar”, confirmando la presión ejercida para conservar el empleo.
Las investigaciones revelaron que los cobros se hacían en un quiosco de periódicos o en la vivienda de los hermanos Allca. Allí los trabajadores recibían un ticket en pedazos de papel que luego presentaban en la Alcaldía. Auqui firmaba, anotaba el nombre, la palabra RENOVAR y la fecha de pago. Solo con ese aval podían continuar laborando.
El subgerente de Personal, Yuri Quispealaya, recibía los tickets y ordenaba elaborar las adendas de contrato, mientras que la auxiliar administrativa Jakeline Paucar Mejía almacenaba los comprobantes y advertía a los trabajadores que debían estar al día en sus pagos.
Dinero para beneficio propio
Aunque los acusados alegaron que se trataba de aportes al movimiento político Junín Sostenible, la fiscalía determinó que el dinero nunca ingresó a dicha organización, sino que fue un beneficio patrimonial indebido para las autoridades y sus allegados.
Un peritaje grafotécnico de la Policía Nacional confirmó que los tickets fueron escritos por el propio Auqui.
La jueza concluyó que los hechos configuran concusión, pues los funcionarios abusaron de su cargo para exigir dinero bajo amenaza de despido o no renovación contractual. Varios trabajadores CAS ratificaron en juicio este sistema de presión.
El Juzgado declaró consentida la sentencia emitida el 18 de julio de 2025, al no presentarse apelaciones. El fallo quedó firme en todos sus efectos legales.
El 7 de agosto último se cursaron los oficios para la inscripción de la condena y la ejecución de la sentencia. En paralelo, Yuri Quispealaya acreditó el pago de S/ 1,400 por reparación civil, lo que fue comunicado a la Procuraduría Anticorrupción y al Ministerio Público.
