“Entró un militar. Primero mataron a mi hermano. Vi cómo le raparon el cabello y con un cuchillo le arrancaron la piel del cuero cabelludo; tenía seis años. Luego empezaron a salir por todos lados y quemaron todo. Allí nuevamente los soldados nos encontraron y mataron a mi abuelo, a mis primitas y a mi tía con sus hijos; quemaron la casa, todo, todo”, narró Silveria Flores ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). El testimonio fue entregado en el marco del conflicto armado interno —también conocido como la época del terrorismo— que azotó al Perú entre 1980 y 2000.
Según la CVR, se estima que 69 280 personas murieron o desaparecieron durante esos veinte años. En esa línea, de ese total, aproximadamente el 37 % de las víctimas corresponden a acciones cometidas por agentes del Estado, en hechos que constituyen graves violaciones contra los derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, abusos sexuales y masacres a civiles inocentes, muchas veces campesinos que fueron injustamente señalados como terroristas.
A pesar de todo ello, entre gallos y medianoche, los congresistas —quienes deberían representar los intereses del pueblo— aprobaron, en primera instancia, el proyecto de ley 7549/2023-CR que concede amnistía a la totalidad de miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios estatales que no tengan sentencia definitiva por acciones cometidas en el contexto del enfrentamiento interno vivido en esas décadas. De esta manera, la propuesta legislativa —promovido por Jorge Montoya (Honor y Democracia) y el fujimorismo, con Fernando Rospigliosi como uno de sus principales abanderados— plantea eximir de penas a quienes hayan sido “denunciados, investigados o procesados” por su participación en dicha etapa.
“Desafía lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso Barrios Altos declaró que las amnistías por crímenes de lesa humanidad son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos”
Es decir, varios procesos por crímenes atroces contra la dignidad humana siguen abiertos y podrían ser archivados sin sentencia. En Huancayo, continúan pendientes las desapariciones forzadas de estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), ocurridas entre 1989 y 1993, así como la ejecución extrajudicial de comuneros de Paccha en 1992. En Ayacucho, la masacre de Putis (1984), donde fueron asesinados 123 campesinos, incluidos menores de edad. Lo mismo ocurre en Pucayacu, Huancavelica (1984), donde se hallaron los restos de 50 individuos en una fosa común con signos de tortura y ejecución. Casos como estos y otros relacionados quedarían impunes si esta propuesta prospera en el Pleno del Congreso.
La ofensiva contra la justicia no se limita a los casos abiertos, puesto que el proyecto también incluye una amnistía de “carácter humanitario” destinada a adultos mayores de 70 años con sentencia firme, en proceso de ejecución o cumpliendo penas privativas de libertad, ya sean efectivas o suspendidas. Bajo este esquema, podrían quedar en libertad exjefes militares responsables de violaciones graves a los derechos humanos, ya sentenciados en casos como Barrios Altos y La Cantuta. Una medida que, lejos de honrar los principios del debido proceso y consolidar el derecho a la reparación, amenaza con borrar responsabilidades históricas desde el Parlamento.
Y que no se pierda de vista. Esta norma en debate—que desborda arbitrariedad y cinismo— fue aprobado por congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú, Honor y Democracia, y Avanza País. Rospigliosi la calificó como una medida “justa y necesaria”. Pero ¿cómo puede hablarse de justicia cuando, en nombre del “patriotismo”, se pretende borrar procesos pendientes con un trazo grueso, sin distinción ni evaluación rigurosa, mientras las víctimas siguen esperando verdad y a un Estado que no les vuelva a dar la espalda?
Esta medida, además, desafía lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso Barrios Altos declaró que las amnistías por crímenes de lesa humanidad son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por eso, esta propuesta no debe ser ratificada en segunda votación, ya que no solo ignora el derecho a la reparación de quienes sufrieron la violencia, sino que también contradice los compromisos asumidos por el Perú ante la comunidad internacional. El Congreso aún puede corregir el rumbo, si realmente busca enmendar decisiones que han afectado al país y a su gente, y evitar así leyes que se conviertan en una forma de impunidad con respaldo político, lo que debilitaría aún más la confianza institucional, ya profundamente erosionada.
