“¡Ella es mi mamá! ¿Por qué me ha dejado? Dios, ¿por qué te la has llevado?”, dice llorando una niña palestina que entra en un estado de shock al reconocer el cuerpo de su madre, asesinada tras un ataque de las fuerzas israelíes. Ya mataron a su abuela, a su tía, a su hermana, y ahora a su progenitora. Tal vez ya no le quede ningún familiar por perder… y quizás ella sea la próxima. Porque en Gaza, todo cambia en un segundo. Quién sabe si, en este mismo instante, su voz también se ha apagado, y ya dejó atrás el infierno que significa vivir allí solo por ser palestina.
Lo que alguna vez fue un conflicto territorial no resuelto entre Palestina e Israel, hoy se ha transformado en un genocidio perpetrado por el Estado israelí contra el pueblo palestino. Así lo denuncian organismos internacionales, líderes de Estado, juristas, académicos, movimientos sociales y voces de millones en todo el mundo. El gobierno encabezado por Netanyahu justifica la ofensiva alegando defensa propia frente a los ataques del grupo islamista Hamás y la necesidad de rescatar a ciudadanos secuestrados. Sin embargo, tales argumentos no legitiman el uso desproporcionado de la fuerza, el castigo colectivo sobre la población civil, ni la violación del derecho internacional y de los derechos humanos, como han advertido múltiples figuras y organismos globales.
Desde que se intensificó la ofensiva israelí a finales de 2023, cerca de 60,000 personas han sido asesinadas, incluidos miles de niños. El desplazamiento forzado de casi dos millones de palestinos en Gaza y Cisjordania los ha obligado a abandonar sus hogares, producto de los constantes bombardeos y la destrucción masiva de viviendas, según reporta Amnistía Internacional. A la par, aproximadamente 2.1 millones enfrentan una inseguridad alimentaria crítica. Infancias marcadas por la desnutrición, madres que lloran su tragedia en hospitales en ruinas o entre escombros donde antes había un hogar, en zonas sin agua ni electricidad, son escenas que recorren el mundo todos los días.
“Un genocidio transmitido en vivo debería generar la mayor indignación global posible, porque pone en juego lo que somos como humanidad”
La Unión Europea ha sumado su voz contra el accionar israelí; sin embargo, lo ha hecho de forma tibia, mediante declaraciones que, aunque simbólicamente importantes, carecen de efectos concretos sobre las acciones sionistas. Entre sus últimas medidas, la UE anunció la revisión del Acuerdo de Asociación con Israel, que regula sus relaciones políticas y comerciales. También ha manifestado que no puede permitir que esta situación continúe. No obstante, sus gestos siguen siendo insuficientes. Ya podrían haberse aplicado boicots diplomáticos, congelación de activos, un embargo de armas, entre otras sanciones que retiren el respaldo internacional al Gobierno de Netanyahu. Aun así, los posicionamientos públicos siguen teniendo valor: dan visibilidad a los oprimidos, refuerzan la presión internacional y abren el camino hacia medidas colectivas más firmes, que deben ejecutarse cuanto antes.
En América, la reacción ha sido limitada, no tanto por falta de firmeza, sino porque son pocos los países que se han pronunciado. Tal vez influya la distancia geográfica o las urgencias cotidianas como la inseguridad y la crisis social. Sin embargo, un genocidio transmitido en vivo debería generar la mayor indignación global posible, porque pone en juego lo que somos como humanidad. No es solo contra una etnia, comunidad o un pueblo; es un crimen que atenta contra los principios más básicos de dignidad y justicia. Hay que tener en cuenta que lo que se tolera en un lugar puede repetirse en otro.
Pese a la tibieza general en el continente, varias voces sí han dado un paso al frente. Brasil, Chile y Colombia, tres naciones líderes en la región sur, no solo han alzado su posición con claridad: también han impulsado acciones concretas. Brasil, cuyas relaciones diplomáticas con el Gobierno de Netanyahu se han deteriorado, promueve una coalición internacional en defensa de Palestina. Chile, por su parte, retiró a los agregados militares de su embajada en Tel Aviv y se unió a España en la propuesta de respaldar un embargo de armas, además de buscar prohibir la importación de productos provenientes de colonias israelíes en Cisjordania. Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel. Los gobiernos de estas tres naciones no han dudado en calificar el conflicto como un genocidio contra los palestinos.
¿Y Perú? Ausente. Dina Boluarte y su Gobierno apenas han emitido declaraciones tibias, incapaces de asumir una postura firme o condenatoria. Ese silencio revestido de diplomacia debilita la presión internacional. Pero, además, transmite el mensaje de que los derechos humanos son opcionales, dependiendo de quién los viole o a quién afecten, y normaliza la violencia y la eliminación impune de vidas.
Estas actitudes reflejan, precisamente, a una gestión que —a dos años y medio de las más de 50 muertes por represión— aún no ofrece justicia. Autoridades que no fueron capaces de proteger la vida de su gente dentro de sus propias fronteras difícilmente alzarán la voz cuando la barbarie ocurre lejos. En ese mutismo cómplice, Perú no solo se margina, también traiciona la causa de los pueblos que hoy claman por no ser borrados del mapa.
